El Gobierno español tiene una cierta facilidad para meterse en charcos de los que después le cuesta salir o sale embarrado. Uno de ellos es el proyecto de elección directa de alcaldes, que puede seguir vigente... o no, por usar una celebrada expresión del presidente Rajoy. El otro le está amargando la vida al ministro de Justicia, señor Ruiz-Gallardón: la posible retirada del proyecto de ley del aborto o interrupción voluntaria del embarazo, a la que el mismo presidente Rajoy se refiere siempre con un elusivo «este tema» o «ese asunto por el que usted me pregunta». Cualquier cosa, antes que usar la palabra aborto, que al señor presidente le produce urticaria.
El caso es que los periodistas le preguntaron al ministro de Justicia qué pasaba con esa ley. Don Alberto pudo responder lo que responden siempre desde el PP: que sigue su curso, que es una promesa que se va a cumplir o que continúan buscando el máximo consenso, que es el refugio dialéctico de las indecisiones políticas. Pero no. Dijo que la prioridad de estos días es tener listos los recursos contra lo que venga de Cataluña y del aborto hablará la semana que viene. Tras esa declaración de aplazamiento de su declaración, la cosa queda así: se ha publicado que el Gobierno retira la reforma; se extendió el rumor de que Gallardón piensa dimitir por esa desautorización, y ayer todo el mundo daba por supuesto que las dos cosas son verdad: que la reforma se retira y el ministro se larga.
¿Verdad o mentira? Quedan unos días para saberlo. No hace falta ser profeta para suponer que no habrá más consenso, con lo cual el Gobierno ya tiene excusa para retirar el proyecto. Y lo que apunta la lógica es que estamos ante una nueva victoria de las encuestas. Si el mismo Gobierno que aprobó la reforma es ahora quien la retira, solo caben dos explicaciones: o tiene indicios de que el Constitucional le hará el trabajo anulando la ley de Zapatero, o se asustó ante los sondeos que sitúan al PP en una derecha muy extrema y le anuncian un amplio castigo electoral. Cada cual puede especular como quiera.
Quédense con la segunda versión y dos conclusiones. La primera, que, si Ruiz Gallardón dimite por dignidad, tendría que hacerlo todo el Gobierno, menos precisamente Rajoy, porque el día de su aprobación en Consejo de Ministros estaba ausente y no lo presidía. Ruiz Gallardón ha sido el ejecutor de un mandato después respaldado por todos sus compañeros y compañeras del gabinete, salvo su presidente. Ahí puede estar el problema. Y la segunda: si el proyecto se retira por su previsible coste electoral, que no me vuelvan a decir que gobiernan sin mirar a las urnas y solo movidos por el interés general. Que no me lo vuelvan a decir.