El pasado lunes La Voz puso a toda página: «Galicia cierra el ajuste bancario con el mayor recorte de crédito de toda España. Empresas, Administraciones y particulares disponen ahora de 23.000 millones de euros menos». El recorte en el mercado gallego, entre el 2009 y el 2014, es un verdadero problema, con varios frentes.
Primero: si el crédito escasea es porque la banca dispone de poco dinero, resultando el tipo de interés alto. Así no se ayuda en nada a la generación de inversiones y no se crea empleo. Si en España la tasa de paro involuntario queda fuera de toda lógica económica (próxima al 25 %), la noticia no alegra nuestros corazones de cara al mañana, porque menos crédito supone menos inversión y más paro. Así, los ingresos por seguridad social han caído en picado y los gastos en subsidios y demás prestaciones aumentado.
Segundo: Entre las empresas, las administraciones y los particulares que suelen acudir al crédito «más restringido ahora» las Administraciones públicas son las de menor riesgo y que suelen llevarse el gato al agua. Será porque quien paga sus deudas son los españolitos de a pie. Además, con tipos altos, ni empresas ni particulares acuden al crédito. Con una deuda pública externa del 100 % del PIB, la única alegría de vivir la tienen las Administraciones públicas, y las empresas y los ciudadanos al contrario, ven su esfuerzo fiscal en peligro.
Tercero: la venta de Letras del Tesoro es para enjugar el déficit de un Estado que gasta más de lo que ingresa, y lo corrige aumentado su endeudamiento por créditos o venta de bonos que retiran dinero del sistema. Con menos dinero en los bancos estamos en el caso primero.
Cuarto: Disminuir el gasto público tiene dos opciones: 1) reducir en cuantía las prestaciones sociales tanto públicas (estado del bienestar) como privadas (de la Seguridad Social y las pensiones) y 2) revisar el conjunto de la organización del Estado, todo lo que sobra y no hace nada, salvo gastar y gastar. Desgraciadamente, de ambas alternativas, el Estado opta unilateralmente por la primera, siendo legítimamente discutible.
En fin, la buena marcha de una economía se resume en invertir, producir y consumir de continuo en un proceso sostenible que los mercados atienden en función de necesidades y preferencias de utilidad. Cuenta sobremanera un Estado prudente, con una estructura justa o mínima para sus funciones; equilibrada en recursos y eficiente. Pero lo que hoy tenemos es un Estado de las autonomías sobrepasado, creado sin límites al socaire del bum económico de la primera década de este siglo, incluso antes; un Estado-organización desproporcionado y gastador, imprudente e inmoderado en su gestión. Un monstruo devorador de la savia del trabajo del pueblo y, encima, presuntamente corrompido; un azote más para la economía.
¿Ante este panorama qué cuida hacer? No parece difícil encontrar la salida. Aumentar la deuda pública sería ya un suicidio económico. Aumentar los tributos (la presión fiscal) también resulta otro suicidio e imposible de llevar adelante. Solo toca mirar a ese monstruo público-administrativo territorial con sobrados e improductivos recursos (hombres y medios), viviendo del erario y de sus desperdicios. Y, dicho sea de paso, con sobrada ineficacia. Ahí están los recortes drásticos.