Los políticos con frecuencia tienden a desviar hacia otros la culpa de situaciones objeto de crítica por los ciudadanos. Es lo que está sucediendo con los recortes en las prestaciones sociales por dependencia. En la etapa de un Estado centralista, la culpa era de Madrid y no faltaba razón en muchos casos. Por eso fue unánime la reclamación de autonomía junto a libertad y amnistía en eslóganes coreados en la transición y se configuró un Estado autonómico. Con sus límites el sistema permite practicar políticas propias, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, incluso después de las exigencias de la Unión Europea, traducidas en una reforma constitucional y en ley de sostenibilidad financiera. La manta de la crisis no puede justificarlo todo en las instituciones dotadas de autonomía.
Es cierto que una parte de la culpa proviene de la ley sobre dependencia de 2006 con Zapatero. Una idea merecedora de aplauso. Responde a una realidad social. Se reconocía certeramente entonces que «los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia». Sus objetivos son ambiciosos: universalidad, atención integral, servicios sociales de calidad, pero también sostenibilidad. Esta es el talón de Aquiles de tan benemérita ley que asegura la «financiación suficiente» para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las administraciones públicas competentes. La estatal será fijada anualmente en los presupuestos y las autonómicas harán lo mismo para su aportación que será «al menos igual a la de la Administración General del Estado»; no que será igual. Dejando a un lado la participación de los beneficiarios, se prevén convenios entre comunidades autónomas y Estado «incrementando el nivel mínimo de protección fijado por el Estado», al tener en cuenta las peculiaridades de cada territorio, como sería el caso de Galicia si atendemos a reclamaciones autonómicas.
Sin comparaciones con otras comunidades, a las que a menudo se acude cuando resultan favorables, es un hecho comprobable que son muchas las personas a las que se les ha reconocido el derecho a una prestación en el correspondiente procedimiento administrativo y no se realiza porque no existe la correspondiente asignación presupuestaria. Renuncio a contar mi frustrada odisea de hace años, a pesar de la amabilidad encontrada en todos los niveles oficiales. Existe un problema social incuestionable. La respuesta del presidente Feijoo es que los recortes que se realizan en Galicia «responden a las reformas llevadas a cabo por el Gobierno central, que ha trasladado a las comunidades para que estas las ejecuten»; que «la Xunta va a hacer exactamente lo mismo que se va a hacer en todo el conjunto de España». Y por si hubiera duda sobre el sentido de lo afirmado, se añade «lo que tenemos que hacer es cumplir una ley». Pero deja margen para ello. Bien está invocar el Estado de Derecho, sin olvidar que también es social.