Últimamente, algunos tertulianos, tuiteros y medios de comunicación critican a Societat Civil Catalana (SCC) por su carácter marginal en la sociedad y porque no representamos a nadie. Tienen razón. En realidad, nos representamos a nosotros mismos, ya que quien tiene la legitimidad para representarnos no lo está haciendo. Y al revés, debemos desmarcarnos de entidades que se erigen con derecho a representarnos en cuestiones políticas para las que no están legitimadas.
El problema no está en cuántas veces aparece SCC en los medios, sino en que la voz de los catalanes no secesionistas y críticos con la consulta anunciada para el 9 de noviembre está apagada o fuera de cobertura.
Así las cosas, El Pacte Nacional pel Dret a Decidir es un acuerdo político que promueve el derecho a decidir y la celebración de una consulta sobre el futuro de Cataluña (es decir, preguntar a los catalanes si queremos que Cataluña sea un Estado independiente). Dicho pacto está abierto a adhesiones y, entre sus promotores, se cuentan: el Parlament de Catalunya (que nos representa a ¡todos!), el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, el Consell Universitari de Catalunya, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d?Alumnes de Catalunya o el Consell de Governs locals. Publicitan que ya hay alrededor de 3.000 entidades adheridas, incluidas las de algunos colegios profesionales de Cataluña.
Como ustedes comprenderán, en el marco de este pacto, ninguna de las instituciones me representa. Mas no estoy sola. Catalanes no secesionistas y críticos con la consulta del 9-N hay de toda suerte y condición. Desde esa diversidad, la reunión entre el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña y el Presidente del Gobierno español preocupa. Simplemente me gustaría que estos catalanes que, curiosamente, estábamos representados en la mayoría del Congreso que el pasado 8 de abril rechazó la cesión de competencias para que en Cataluña se convocara una consulta sobre la secesión, nos tengan en cuenta en cualquier decisión que de ahora en adelante tomen nuestros dirigentes políticos.
Aunque creo que eso no basta. El desafío secesionista ha adquirido tales proporciones que exige una respuesta democrática, basada en el respeto al Estado de derecho, sincrónica y a diferentes niveles. El Gobierno español no puede por sí solo hacer frente a este desafío. Ni siquiera nuestros representantes políticos disponen de todas las claves para salir airosos de la tormenta perfecta que nos ha caído. La desafección de la ciudadanía a la clase política, la corrupción (de ella, unos pocos catalanes saben mucho) o unos niveles de paro que merman la autoestima de cualquier ciudadano conviven con el We Want to Vote, exclusivo para catalanes.
A pesar de los pesares, algo pasa en la sociedad española, que va saliendo de su letargo. Por ejemplo, anónimos catalanes supervisados por un catedrático de estadística estuvieron durante tres meses contando las personas que aparecían en la vía catalana del 2013. De 1,6 o 2,3 millones de personas que se llegó a afirmar que había, solo se encadenaron 793.683 (130.311 eran niños). Este estudio arroja un poco de luz sobre el número de catalanes secesionistas activados, basado en mediciones, y no en meras conjeturas con fines propagandísticos.
Ciudadanos que no somos VIP estamos en contacto con partidos políticos, con empresarios y con parados, con académicos, publicistas y periodistas... Estamos saliendo de todos los rincones y, aunque todavía faltan muchos, poco a poco los irán conociendo. Tal vez usted sea uno de ellos. Ciudadanos, partidos políticos, representantes gubernamentales, cada uno a su nivel, poniendo un granito de arena en la auténtica marca España que, por poco que salga bien, será el proyecto más querido de todos.
Susana Beltrán es Vicepresidenta tercera de Societat Civil Catalana y profesora de Derecho Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona.