Pues debe de ser que no. Que la misión de un Gobierno no es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y destinar los recursos públicos a ofrecerles servicios fundamentales como sanidad, educación o administración de justicia allí donde residan.
Debe de ser que su misión es otra. Porque, si no, no se entiende la imposición de tasas que impiden, o al menos dificultan seriamente, a muchos ciudadanos acudir a la Justicia en demanda de protección de los propios derechos. O plantear una reforma que elimina los partidos judiciales actuales y prevé su concentración en las capitales de provincia.
De llevarse tal propuesta así a la práctica, además de que ciudades de la importancia de Vigo, Santiago o Ferrol perderían sus juzgados, vecinos de municipios tan alejados de sus capitales provinciales como, por ejemplo, los de la comarca de Valdeorras tendrían que recorrer más de 200 kilómetros en una peregrinación de ida y vuelta a Ourense para ver a un juez y miles de empresas sumarían a sus dificultades para salir adelante una administración judicial lejana. Para comarcas en riesgo de despoblación perder los juzgados significaría perder un aliciente de importancia para residir en la zona.
Una reforma judicial así planteada es poco justa, aleja a muchos ciudadanos de la justicia y genera más desigualdad, al discriminar a un amplio sector de la población, que vería como se aleja y encarece un servicio fundamental para la convivencia.
En Galicia significaría un paso más en el proceso de despoblación de las comarcas del interior. Entre el inmovilismo y el hacer tabla rasa sin tener en cuenta las peculiaridades del territorio y las necesidades de la población debe haber un punto de equilibrio.