Si la Seguridad Social ni da seguridad ni es social, pierde todo su sentido. Esto es lo que pasa aquí desde hace tiempo, sobre todo desde que gobierna el Partido Popular. Cuando España es uno de los Estados más injustos de la Unión Europea se tienen que encender todas las alarmas.
Un número creciente de desempleados carecen de protección por desempleo. Los trabajadores maduros que son expulsados del mercado de trabajo tienen muchas más dificultades para acceder a la pensión de jubilación. Las bolsas de trabajo informal se promocionan legalmente -por ejemplo, al eliminarse los mecanismos de control en el trabajo a tiempo parcial, o a través de las nuevas reglas del empleo doméstico, entre otras chapuzas legales.
Así se generan e incrementan las prestaciones de servicio no declaradas y sin cotización al sistema. Las reformas laborales propician la emergencia de un empresario abusón y ubicado impunemente al margen de la ley que compite deslealmente con empresarios honestos. Los trabajadores mayores pierden sus empleos, constatan el fracaso de su proyecto vital y entran en una espiral de dificultades económicas.
En términos generales, crece la pobreza en España, por mucho que las gafas del ministro de Hacienda le impidan corregir mínimamente su miopía hacia la trágica situación en que vive cada vez más gente.
Y el sistema de seguridad social se empobrece también. No da cobertura a las situaciones de necesidad, al tiempo que mantiene no pocas ineficiencias sobreprotectoras. Se reducen generosamente las cotizaciones sin que se establezcan mecanismos compensadores necesarios, como la financiación de las pensiones a través de la imposición indirecta. El resultado es un sistema mal financiado, del que luego se concluye que es deficitario. El Partido Popular provoca el déficit y luego, por «responsabilidad», introduce mecanismos de reducción de las pensiones de dudosa equidad inmediata, como el factor de sostenibilidad.
Somos un país injusto con nuestros mayores, con nuestros desempleados y con nuestras personas necesitadas. Esta es la realidad que trivializan nuestros presidentes autonómico y estatal, con este remedo de superioridad moral que nos retrata a los discrepantes como apocalípticos.
Pero esta es la realidad que han promovido.