La Constitución española reconoce que dentro del Estado español existen diversas culturas y pueblos, así como diversidad de costumbres. Y la ley gitana, la nuestra, es eso. Llevamos 250 años aplicando nuestras propias normas y nunca nos han fallado, siempre hemos llegado a buen puerto. Nosotros no buscamos guerras, buscamos la paz. Y todo aquello que promueve la paz, ¿a qué ley o a qué norma contradice?
La ley gitana tiene cabida dentro del marco constitucional existente, y en el caso de Lupe Jiménez la Delegación del Gobierno en Galicia busca exactamente lo que busca la resolución del consejo de ancianos de la Asociación Pueblo Gitano: evitar enfrentamientos y revanchas, evitar venganzas. El Poder Judicial condenará al asesino en su día por los daños que ha cometido, pero nosotros entendemos que se ha llegado a esa situación porque los familiares han pasado las líneas rojas al no darle ayuda a la mujer gitana. Los familiares directos de José tendrían que haber buscado la solución al problema de ese matrimonio y darle ayuda a Lupe; cosa que no hicieron. Si ellos lo hubiesen intentado y no hubiesen podido con el asesino de Lupe, tendrían que haber buscado el apoyo del consejo de ancianos local. Si estos no pudiesen, tendrían el apoyo del provincial, y si no del autonómico. El problema es que el primer paso, el que tenían que dar los cuñados de la mujer, los hermanos del asesino, no lo dieron. No hicieron lo que hacen todos los gitanos, lo que dicen todas las costumbres gitanas. A veces las pequeñas cosas cuando no se hablan se hacen grandes, y las grandes cuando se hablan se convierten en pequeñas. Y dentro de esos «arreglos», los gitanos buscamos el diálogo y la palabra; y teniendo esas dos herramientas se buscan el don de la paz y de la tranquilidad entre el matrimonio y también entre la sociedad. A veces, como en este caso, tomamos algún tipo de acciones que no son populares, pero en el fondo buscamos la paz y la conseguimos, y aquello que al principio no es popular finalmente acaba siéndolo.