Sentencias tururú


De tanto politizar la Justicia, los Gobiernos han terminado por tomarse a chirigota las sentencias judiciales y el tercer poder del Estado ha pasado a ser otro material con el que hacer mangas y capirotes.

Veamos tres ejemplos que cuartean la autoridad moral de cualquier Administración para obligar al ciudadano a acatar resoluciones judiciales o imposiciones administrativas, por muy democráticos que hayan sido sus procedimientos.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y la Junta de Andalucía se pasan por la entrepierna la sentencia firme e irrevocable del Tribunal Supremo (TS), que en marzo del 2012 obligó a demoler un hotel construido ilegalmente en la playa del Algarrobico.

Desde febrero del 2013, el Gobierno juega a las tres esquinas con la sentencia del TS que le impone cerrar 9 canales nacionales de TDT por considerar nula y contraria a derecho su adjudicación, aunque bien es verdad que por un error del Ejecutivo anterior, que olvidó introducir una disposición transitoria en la Ley General Audiovisual para avalar la concesión.

Y desde julio del 2012, la Generalitat de Cataluña se pavonea de incumplir las sentencias que le obligan a enseñar en castellano a los alumnos que lo soliciten. Las primeras razones testiculares las expresó tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, equiparando castellano y catalán como lengua de enseñanza; las reiteró con la sentencia del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, que desde junio del 2012 avala la inmersión lingüística en castellano, y las ha cacareado tras las resoluciones y autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de diciembre del 2013 y enero del 2014, que obliga a dar en castellano el 25 % de las clases a los alumnos que lo pidan.

Y todo esto a pesar de que en la Ley Jurisdiccional se dice que la suspensión o inejecución de sentencias solo la puede acordar el Consejo de Ministros, con carácter extraordinario, fundándose en alguna de las siguientes causas:

Peligro de trastorno grave del orden público; temor fundado de guerra con otra potencia si hubiera de cumplirse la sentencia; quebranto en la integridad del territorio nacional, y detrimento grave de la Hacienda pública. Si bien en este caso el Consejo de Ministros podrá fijar, previo dictamen del Consejo de Estado, la modalidad de pago que dé cumplimiento al fallo en la forma menos gravosa para el Tesoro Público, lo que comunicará al tribunal para que, oídas las partes, resuelva en definitiva sobre el modo de ejecutar la sentencia. Parece claro, pero no.

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