«Confiaba en mi marido». La coletilla en forma de pretérito imperfecto repetida ayer de manera pertinaz por la infanta doña Cristina deja en el aire una duda inquietante. Alguien debería explicarnos por qué no emplea el mucho más explícito presente de indicativo. Un «yo confío en mi marido» habría dejado claro hasta qué punto está dispuesta a ligar su suerte a la de Iñaki Urdangarin. Es decir, si al margen de defender su propia inocencia por desconocimiento o escasez de celo, cree todavía a su esposo cuando asegura que no es culpable de nada. ¿Insinúa la infanta que confiaba en su marido pero que ya no se fía tanto? De ser así, lo que debe hacer es no solo desvincularse de las irregularidades que el juez le achaca, como hizo ayer, sino colaborar al máximo con la Justicia para esclarecer las responsabilidades penales de Iñaki Urdangarin. Pese a las cursilerías del abogado defensor, que ame o no a su esposo es jurídicamente irrelevante. Pero que proteja a un presunto delincuente es políticamente inasumible para la Corona.
La infanta, el rey y la Casa Real entera tienen derecho a reclamar que no se les culpe a ellos por la falta de moralidad y los delitos en los que haya podido incurrir el duque de Palma. Pero lo que es del todo inaceptable es que, al margen de las culpas que le puedan corresponder de manera personal a doña Cristina, el rey y su familia pretendan salir de esta sin condenar de una manera clara, explícita y fuera de toda duda de protección o complicidad los desmanes cometidos desde el instituto Nóos y sociedades aledañas. Caiga quien caiga. Y lo mismo que se le aplica a la infanta sobre su marido, cabe exigírsele al rey con respecto a su hija, por doloroso que pueda resultar. Nadie mejor que don Juan Carlos conoce que la institución está por encima de las personas. De otro modo, él mismo no sería rey. Y se equivocaría el jefe del Estado si pretendiera que Urdangarin sea el único que pague por este deplorable episodio. Antes de que sean declarados culpables o inocentes, don Juan Carlos debe exigir a su hija y a su yerno que restituyan todos los ingresos que obtuvieron de forma presuntamente irregular de las distintas Administraciones públicas. Y, acto seguido, y también con independencia de su peripecia judicial, el rey tiene que reclamar a la infanta que renuncie a sus derechos sucesorios al trono y a su título de duquesa de Palma. Cualquier otra cosa supondría un daño irreparable para la monarquía de incalculables consecuencias. Lo que no es posible para la Corona es nadar y guardar la ropa.