En sendos libros verdes de la UE se recomienda a los países miembros una política de transporte urbano favorecedora del uso de alternativas al automóvil: la marcha a pie y la bicicleta, para alcanzar la movilidad sostenible. Son destinatarios del encargo los Gobiernos centrales, como mediadores, y los ayuntamientos, como actores. Sabemos de los efectos positivos del uso de las bicicletas: ocupan escaso espacio, no producen ruidos, carecen de efectos contaminantes y su peligrosidad es escasa. Es el desafío. Y la progresiva utilización de la bicicleta en la ciudad dependerá de que la planificación del transporte urbano tenga en cuenta que las actuaciones probici no deben perturbar la vialidad del peatón -tráficos separados-, y que deben habilitarse redes para bicicletas, a partir de la definición de itinerarios en coherencia con el principio de la máxima seguridad para los propios ciclistas.