El anteproyecto de ley de protección del concebido y la maternidad camina -en mi opinión- en la buena dirección, por cuanto:
Deroga íntegramente una ley profundamente ideológica y sectaria como es la de Zapatero del 2010, una ley que carece de precedentes a nivel mundial por incorporar los postulados ideológicos de género a la gestión de la educación y la sanidad con profundo desprecio a la libertad ideológica y religiosa y por convertir el aborto en un derecho subjetivo de la mujer embarazada garantizado y financiado por el Estado con rango cuasi constitucional de derecho a la salud.
Restablece la vida del concebido aún no nacido como un bien jurídico digno de protección. Ya desde su título, el anteproyecto proclama al concebido como digno de protección jurídica, rompiendo así el prejuicio ideológico de la legislación vigente de considerar al no nacido como una cosa indigna de protección alguna por la ley (al menos, durante sus primeras 14 semanas de vida).
Restablece la protección de la maternidad y la mujer embarazada como digna de ser atendida por la ley frente a la ley anterior, para la cual el derecho a la maternidad equivalía jurídicamente solo al derecho al aborto.
Pretende proteger el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario en línea con los tratados internacionales y las recomendaciones del Consejo de Europa, frente a la ley anterior, que establecía trabas y limitaciones en el ejercicio de ese derecho.
Restablece la protección de las menores frente al aborto y recupera la patria potestad de los padres o representantes legales de las menores en materia de tanta trascendencia.
Suprime la discriminación de los discapacitados, que -con la ley vigente- se veían privados del derecho a vivir durante su período de vida prenatal por el mero hecho de portar una minusvalía.
A pesar de esta valoración positiva, el anteproyecto de la «ley Gallardón» no es más que un primer paso hacia el ideal que debemos -en mi opinión- perseguir: una legislación que proteja sin excepción alguna el derecho a la vida del ser humano desde su inicio biológico y que ampare activamente a la mujer embarazada para que ninguna se vea sola y abandonada ante un embarazo problemático.
El anteproyecto -aún dentro de su propia filosofía- debe ser mejorado para incorporar medidas de protección y apoyo a la mujer embarazada en clave de solidaridad y lucha contra la exclusión social de la madre, mejorar la independencia y rigor público en la acreditación del supuesto terapéutico (grave peligro para la vida o salud de la madre) y evitar trabas burocráticas a la objeción de conciencia, entre otros aspectos.