Por motivos familiares Manuel vive en Pontedeume; su puesto de trabajo está en Pontevedra, adonde se desplaza cada mañana con otros compañeros de Ferrolterra.
Durante once meses al año salen a primera hora de sus casas para realizar un trayecto para el que, hasta hace poco tiempo, utilizaban la autopista AP-9. Antón vende pescado y cada madrugada se desplaza de Ferrol a la lonja de A Coruña para comprar el género; como Manuel, hasta hace pocos días también utilizaba la AP-9, pero en los últimos meses ha vuelto a la vieja carretera.
La política de precios excluyente está convirtiendo la autopista del Atlántico en un lujo y un obstáculo para la vida de los gallegos de ingresos medios.
Lo que en su día representó un avance en la vertebración de la Galicia litoral, es hoy un servicio para unos pocos, que nos separa más que nos une. Para muchos trabajadores el coste de la autopista puede suponer entre un cinco y un treinta por ciento de sus ingresos mensuales, al no disponer de una vía alternativa razonable en tiempo y esfuerzo.
Mientras esto ocurre, los responsables de la AP-9 tratan de paliar el descenso del tráfico con incrementos de tarifas que, no les quepa duda, agravarán la situación. Saben, perfectamente, que una política racional de descuentos en los días laborables sería socialmente más justa en plena crisis, pero para qué hacerlo si el Gobierno, además de prorrogar la concesión, les compensa la pérdida de ingresos con unos millones de euros de dinero público.
Créanme, este no es el problema de unos pocos, tampoco la cuestión es si uno puede pagar o no esos peajes. Lo importante es que una infraestructura construida para comunicar a los gallegos les está creando problemas de comunicación. Por citar solo algunos ejemplos, la conexión Santiago-A-6 está saturada de transporte pesado para evitar el peaje de la AP-9 o la carretera A Coruña-Santiago se colapsa cada madrugada huyendo del saqueo. Lo que ocurre con la autopista del Atlántico está afectando a la competitividad de las empresas y a la economía y seguridad de los ciudadanos, excepto a los del coche oficial.
Los lectores interesados pueden ver en la página del Ministerio de Fomento las pérdidas constantes en la intensidad media de tráfico diario de la AP-9; cualquier otra empresa se replantearía su estrategia comercial. Si no lo hacen, ni el Gobierno les obliga, es porque que nuestra red de autopistas está pensada al servicio de las concesionarias y no de los ciudadanos.
Piénsenlo, Manuel y Antón seguirán pagando con sus impuestos algo que ya no pueden utilizar por los elevados peajes. Una auténtica vergüenza.