Rajoy debe de tener un saco lleno de razones para oponerse a la secesión de Cataluña. De todo tipo. También legales, porque, en efecto, la Constitución española no reconoce el derecho de ninguno de los territorios que integran el Estado a decidir si quieren o no formar parte de España. Si ese fuese el problema -que carece de soporte legal-, la decisión sobre el futuro de Cataluña tendría arreglo: reformar la Carta Magna. Eso lo sabe Rajoy, pero ya dijo que no solo es que no pueda autorizar el referendo que promueve Artur Mas, es que no quiere hacerlo.
Hay algunas constituciones en la historia -muy pocas- que consagran el derecho de secesión. Y de las vigentes solo una: Etiopía. Claro, Etiopía, uno de los países más empobrecidos del planeta, una democracia defectuosa, un territorio en el subdesarrollo que poco nos puede enseñar. Por tanto, ponerlo sobre la mesa parece suficiente ejercicio intelectual para ridiculizar al contrario. Nada nuevo: el desdén hacia ese mundo lo tenemos bien interiorizado. Desprecio, petulancia e ignorancia.
Etiopía, que en 1993 perdió su salida al mar cuando Eritrea se independizó, aprobó en 1995 una Constitución para iniciar un tortuoso -y en tantos aspectos, fallido- camino a la democracia y el progreso. Una amalgama de guerrillas de carácter étnico habían acabado con la cruel dictadura comunista de Mengistu, que a su vez había derrocado al régimen feudal de Haile Selassie. Y ese es el origen de la Constitución federal que reconoce el derecho a irse a quien no quiera estar en el primer Estado independiente que existió en África. La humildad no es mala compañía. Incluso para las democracias de la vieja Europa.