Estamos en una situación de enorme preocupación no solo para los intereses económicos de Galicia, sino para la propia credibilidad internacional de la economía española, en especial de su sector financiero. La adjudicación de NCG a una de las tres entidades que conforman el oligopolio financiero español, si no está suficientemente justificada en razones objetivas, puede tener un enorme coste reputacional para España, en eso que llaman la marca España.
Y sobran motivos para pensar que el proceso de subasta no se está haciendo de forma objetiva ni transparente. Las filtraciones, la existencia de candidatos favoritos para el ministro del ramo, el cambio de las reglas en medio del proceso y la descalificación de las ofertas que no gustan, están generando un sentimiento más que justificado de desconfianza.
Pero hay más. El establecimiento de la oferta económica, del precio, como una referencia sin tener en cuenta el resto de variables es un enorme error.
Lo es porque en la venta de una empresa estratégica en un sector estratégico como es el financiero el plan de negocio es fundamental. Cómo va a ser el futuro de NCG, cuál su papel como instrumento financiero básico de las familias y de las empresas de Galicia, qué va a pasar con su centro de decisión o qué costes tiene una opción u otra sobre el empleo son aspectos que hay que valorar de forma obligatoria.
Lo es porque el FROB hace trampa al excluir el coste fiscal en el precio. NCG tiene en su balance bases fiscales negativas que le permiten al comprador deducirse del impuesto de sociedades hasta 4.600 millones de euros. Por decirlo con un ejemplo, si alguien ofrece 1.000 millones de euros pero se va a desgravar posteriormente 4.600 millones no solo no paga nada, sino que le damos 3.600 millones de dinero público vía desgravación fiscal.
Lo es porque vender ahora que, una vez saneada con dinero público, la entidad empieza a generar beneficios es un error. Hay que darle tiempo a NCG, a su equipo directivo, a sus trabajadores, para que recuperen el valor que realmente tiene la entidad. Y como el acuerdo con la Unión Europea en el plan de rescate establece el 2017 como límite a su privatización no hay ninguna prisa, ninguna obligación. Y hay un ejemplo: Bankia, que está en la misma situación que NCG, pero sin embargo tiene ese tiempo.
Por eso a día de hoy la solución más lógica es que si la oferta por NCG no se acerca a los 9.500 millones de euros que hemos puesto los ciudadanos para sanarla más los 4.600 millones de coste fiscal, el FROB declare desierta la subasta y espere hasta el 2017.