Parece que el Gobierno le ha visto las orejas al lobo. Como dice el ministro del Interior, las excarcelaciones están creando una alarma justificada, y eso tiene los efectos políticos que más puede temer un Gobierno: pérdida de votos. Solo así se puede analizar el cambio de discurso de los dirigentes del PP, que pasó de acatar con disgusto la sentencia de Estrasburgo a arremeter con la máxima dureza contra los jueces del Tribunal Europeo. «Le han hecho un gran daño a la sociedad española -se quejaba ayer don Carlos Floriano-, espero que no tengan que arrepentirse».
Espero que tampoco tengan que arrepentirse el propio Gobierno español, el Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado. Cito a estas tres instituciones, porque tengo dudas de si han hecho todo lo que tenían que hacer cuando debían actuar. Hay juristas que creen que el Gobierno no se empleó a fondo ante los jueces de Estrasburgo, no para explicarles la legalidad de la doctrina Parot, que eso era imposible, sino para convencerlos de lo mismo de que ahora se queja el señor Floriano. Se podía haber conseguido una sentencia que dejase abierta alguna puerta para mantener en prisión a los delincuentes más peligrosos. En cambio, se asegura que asociaciones próximas a ETA hicieron una fenomenal campaña basada en la denuncia de torturas y otras aberraciones.
En cuanto a la Abogacía del Estado, celebro que encuentre argumentos para presentar un recurso de casación ante la Audiencia de Valencia contra la excarcelación de Miguel Ricart. Sería magnífico para la tranquilidad pública que ese recurso fuese aceptado y Ricart volviese a estar entre rejas, aunque solo fuese por unos meses. Pero repito lo dicho hace unos días: si la Abogacía del Estado tiene ahora argumentos para pedir eso, a lo mejor también los tiene para hacer lo mismo con el loco del chándal y otros violadores. Y en todo caso, siempre nos deberán la explicación de por qué no actuaron antes, aunque sí lo hizo el abogado de Valencia sin éxito, o por qué no se personaron en las audiencias correspondientes. La única explicación es que no pueden alegar argumentos jurídicos y actúan por indicación del Gobierno; para que la gente no piense que el Gobierno es insensible ante el miedo de la sociedad.
Y, respecto al Tribunal Supremo, ya hemos señalado también lo sorprendente que resultó ver cómo se quitaba el muerto de encima sin rechistar a Estrasburgo, sin ofrecer soluciones alternativas y sin dar la impresión de buscar resquicios o argucias para retrasar, cuando menos, las puestas en libertad. Quizá sea porque no las hay. Pues, si no las hay, déjese el Gobierno de lamentarse y ponga las soluciones. Que no son otras que la pedagógica y la vigilancia del criminal.