Las tropelías económicas atribuidas a la UGT de Andalucía eran tan burdas, tan groseras, tan necias, tan escandalosamente descaradas, que me costó mucho trabajo creerlas. ¿Quién podía dar crédito a que se hubieran pasado a la Junta gastos de transporte de manifestantes contra la Junta? ¿Quién podía suponer que había algo de verdad en el código de instrucciones escritas para camuflar facturas de mariscadas como gasto de promoción social? ¿Quién podía imaginar una acción sindical en el Caribe? Y así, decenas y decenas de papeles que convirtieron a la federación andaluza de UGT en una organización especializada en vivir con ostentación, aprovecharse de la ceguera de los mecanismos de control y engañar a los poderes públicos.
Todo era tan increíble, que le costó creerlo al propio secretario general del sindicato, el benévolo Cándido Méndez, que rozó el ridículo durante todo el tiempo que duró la filtración de los vergonzantes documentos, hasta que la fuerza de las informaciones le obligó a exigir responsabilidades. Todo ha sido tan barriobajero, que este cronista creyó que formaba parte de la campaña (que algo hay) de derribo de los sindicatos. Y todo ha sido tan golfo, que la mejor definición para el escándalo probablemente sería la de «golfería organizada». ¡Qué pena, qué humillación para una organización de tanta historia y de tantos servicios a la clase trabajadora y, por tanto, a la sociedad!
¿Cómo se ha llegado a descubrir esa trama que deja chicos otros escándalos de corrupción? Me temo que se repitió una crónica ya vivida: todo se descubrió por alguna venganza. UGT presentó un expediente de regulación de empleo que supuso el despido directo de 159 empleados, alguno de ellos fue previsor, guardó la documentación y la utilizó como revancha por quedarse en la calle.
Casi siempre ocurre algo así. El mejor descubridor de corrupciones en España no está en los sistemas de control, ni en la policía, ni en los medios informativos; es el empleado despedido.
El desenlace provisional fue la dimisión del secretario regional, Francisco Fernández Sevilla, que soportó las denuncias publicadas, pero no la revisión de expedientes que anuncia la Junta y la posible reclamación para que se devuelvan 7,5 millones de euros. Es decir, que Fernández huye de todo lo que se le viene encima, aunque sus compañeros lo protejan con alusiones a su generosidad y a la voluntad de «clarificarlo todo», como dicen siempre los corruptos. La verdad es que todo está bastante claro: hubo un choriceo, y punto. Y de ese choriceo solo se sale por dos caminos: el de la justicia y el de la devolución de lo tangado. Devolución, insisto, que la UGT tiene patrimonio para responder de las golferías.