Once años después de la catástrofe, y coincidiendo con su aniversario, hemos conocido la sentencia del popularmente denominado «juicio del Prestige». Vaya por delante mi absoluto respeto a los magistrados de la sección correspondiente, y a la sentencia, pero dada la repercusión de los hechos ocurridos, y de la propia decisión del tribunal, creo que la cuestión merece un comentario.
Para aquellos lectores que no la hayan leído, por cierto es fácilmente accesible desde la página web de La Voz, les informo que, en los fundamentos de derecho, comienza diciendo que: «El tribunal debe insistir en la perspectiva del derecho penal, pues, si es posible y a veces resulta obvio, que se han demostrado negligencias, incurias y modus operandi inaceptables y, si es verdad que se han demostrado infracciones administrativas y reglamentarias explicables pero a veces muy llamativas, de eso no se infiere naturalmente que se haya demostrado la existencia de una responsabilidad penal». Más adelante afirma, y ahora no transcribo, que no se aprecia responsabilidad penal en el director general de la Marina Mercante, como responsable de la decisión de alejar el buque, ya que se basó en la información técnica disponible en ese momento y fue tomada en condiciones de excepcionalidad.
El problema es que, con rapidez inusual, una serie de representantes del partido que gobernaba, y gobierna, han salido a la palestra con lecturas interesadas para explicarnos que los responsables de controlar el desastre eran unos fenómenos, que todo se hizo bien y que los que no pensamos así estamos manipulados, y eso, lamentablemente para ellos, no lo dice la sentencia. Para centrar la cuestión, y hacer pedagogía, me gustaría aclararles que una cosa es la absolución del director general de la Marina Mercante y otra, muy distinta, que las cosas se hayan hecho correctamente.
Verán, a pesar de lo que oirán en los próximos días, la sentencia no dice que todos los responsables políticos del siniestro hayan estado sentados en el banquillo ni, tampoco, que no hayan existido presiones que orientaran la decisión en uno u otro sentido. El texto de la sentencia en nada respalda la mentira como un camino legítimo porque todos vimos, recuérdenlo, negar en la televisión pública las imágenes que veíamos sobre el terreno o en una televisión privada. La sentencia no dice, finalmente, que decenas de miles de gallegos nos equivocamos cuando vimos en la gestión del asunto Prestige un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas rodeado de una hiriente manipulación informativa.
Pues bien, la indignación que recorrió Galicia en aquellos días no entendía de responsabilidades penales ni de organigramas de los ministerios, fue una percepción colectiva de que una decisión controvertida envuelta en mentiras es siempre una mala decisión.
Eso es, sencillamente, lo que ocurrió y tratar ahora de salvar la cara no es más que otro intento de manipulación porque, insisto, la sentencia no lo dice.