Cuando sucedió el desparrame del Prestige los Gobiernos reivindicaron sus actuaciones calificándolas de diligentes. Hoy un tribunal de justicia les da la razón.
Pasado el desconcierto inicial los Gobiernos desarrollaron una estrategia política e informativa que, además de dulcificar las palabras de la catástrofe -vertido, irisaciones- minimizó su importancia, defendió la gestión de la catástrofe, publicitó la limpieza de las playas y una recuperación de nuestro mar y sus recursos. Redujo incertidumbres sobre la amenaza del barco hundido, e indemnizó a algunos por los efectos ecológicos y económicos negativos. Y por último, llenaron el país de carteles publicitarios con aquel infausto Plan Galicia -AVE, puertos y aeropuertos incluidos- y con alborozo y calendario nos hablaron de nuestra oportunidad de futuro, siempre asentada en las metáforas que nos aportan las infraestructuras.
La naturaleza de tales estrategias ha impedido que progresemos en los análisis de las causas, de los errores, de los aciertos, y de todo aquello que nos diferencia, también en la gestión de nuestras catástrofes o en la justicia, de otros países que han tenido -allí sí- mareas negras, como aquellas del Exxon Valdez, o la del Erika.
No dudando de los efectos de tales estrategias en la sociedad gallega, descreimientos aparte, once años después de su hundimiento el Prestige recupera la actualidad informativa. No ha sido porque hayamos alcanzado la velocidad alta en los doscientos kilómetros del ferrocarril atlántico Ferrol-Vigo, ni que haya llegado el ferrocarril al puerto de Ferrol, ni opere el puerto exterior de A Coruña, ni que tenga carga de trabajo el naval gallego.
No, fue suficiente una sentencia. La sentencia de un juicio que tardó once años en celebrarse y en el que ni un barco de desguace mal reparado, ni la empresa que lo clasificó como útil para navegar, ni el armador que lo mandó al temporal, tuvieron asiento en el banquillo.
Un juez puede hacer guiños a la sociedad y dejar la lectura pública de una sentencia para celebración de un aniversario, pero tal guiño con certeza levanta suspicacias. Sobre todo porque lo que se juzga en primera instancia sucedió once años antes y, por encima, la sentencia tan absolutoria en todo, excepto en la desobediencia del capitán, no resuelve las incertidumbres del hecho juzgado. Porque como bien señala la sala, del delito de desobediencia, el único acreditado, «no se deriva o con este no se causaron los daños y perjuicios derivados del vertido del Prestige, con independencia de la en buena parte cumplida acreditación de ingentes daños y perjuicios».
El Prestige que en el imaginario colectivo era un ahogado cuyo cuerpo no devolvió el mar, ha obtenido legalmente el certificado de defunción en su undécimo aniversario por decisión judicial. Atrás quedan mil millones de euros de gasto, cuatro mil millones en daños estimados, y todos inocentes. El viento, por supuesto.