Eran casi las nueve de la tarde cuando la noticia saltó a las redacciones de televisiones, radios y periódicos. A las diez y media, el descarrilamiento del tren Alvia en la curva de A Grandeira se había convertido ya en una auténtica tragedia. Pero solo con el avance de las horas, y, de su mano, con el crecimiento constante del número de víctimas mortales, fuimos siendo conscientes, horrorizados, de la envergadura real de la catástrofe.
Hoy, un mes después, queda sobre todo el profundo dolor de quienes han perdido a un familiar o a un amigo, dolor que solo el paso del tiempo logra, aunque no siempre, consolar. Y quedan, por supuesto, los daños de los heridos, algunos aún hospitalizados.
Pero el infierno de Angrois ha dejado también en nuestro ánimo otros recuerdos, que se mezclan con la angustia y con la pena: la valiente solidaridad de los vecinos de Angrois, que se lanzaron a rescatar a los heridos a despecho de cualquier riesgo personal; la acción ejemplar de todos los servicios de emergencia, mejorable como cualquier obra humana, pero admirable por su eficacia, que permitió salvar muchas vidas pese a la envergadura del desastre; y el funcionamiento insuperable del dispositivo sanitario, que sacó adelante, salvo a uno, a todos los heridos críticos y consiguió que ninguno de los que no estaban en esa situación empeorara.
Un mes después del descarrilamiento quedan, en fin, el debate político y jurídico sobre las causas que provocaron el siniestro. El primero se ha mantenido, en términos generales, dentro de lo razonable, más allá de los excesos de rigor, en los que Beiras, que ha demostrado de nuevo ser capaz de superarse a sí mismo, sale siempre ganador.
En cuanto al tratamiento jurídico del accidente, dudo mucho que la línea abierta últimamente por el juez Aláez, instructor del caso, pueda conducir a sentar en el banquillo a los verdaderos culpables del descarrilamiento. Y es que el juez ha decidido imputar a los responsables de la seguridad de las vías, lo que podría sentar un atrabiliario precedente: que la culpa de un siniestro no recae, en términos penales, en quien por su forma inadecuada de actuar lo ha provocado sino, por omisión, en aquellos que podrían haber adoptado medidas preventivas para que el culpable por acción no pudiera haberlo sido.
Generalizado, tal principio, que valdría para las cogidas de los Sanfermines, los accidentes de tráfico o los ahogamientos en las playas, podría acabar por subsumir sistemáticamente toda culpa individual en una responsabilidad penal colectiva universal, lo que poco o nada tiene que ver con la auténtica justicia. Pues en un Estado de Derecho la justicia, y más la penal, consiste en asegurar el efectivo cumplimiento de las normas existentes y no de las que podrían ser, en su caso, deseables.