La educación diferenciada como test


E n esta pausa de agosto, con la prima de riesgo en un bajo nivel olvidado que permite a Rajoy fumar su puro mañanero después de la preceptiva caminata, la educación diferenciada ocupó un transitorio protagonismo con motivo de una disposición de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. Se cumple una sentencia contraria al mantenimiento del sistema de conciertos para los centros que impartan ese modelo de educación, en espera de que se resuelva el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo. El tema es recurrente y significativo como un test para el comportamiento político de los actores.

Vaya por delante que en toda España los centros que la practican son un porcentaje reducido; en Galicia, cinco. Por eso sorprende, de entrada, el interés y en casos la fijación que los opositores tienen por el tema y más aún la de quienes ostentan como misión la defensa de los derechos de los trabajadores. No se trata de ir contra la existencia de conciertos de la Administración aprobados en los mandatos socialistas. No es defensa de lo público sobre lo privado. Hay algo más. Nos topamos, al menos, con una opción ideológica que defiende una concreta manera de entender la educación. Lo que sucede es que para defenderla se viene a argüir en ocasiones que la educación diferenciada supone, en definitiva, una discriminación por razón de sexo.

Lo más sorprendente es que la Permanente del Consejo de Estado haya empeñado su tradicional prestigio con una argumentación partidista y contradictoria, y hacerlo por unanimidad. Como no podía ser menos, el dictamen del supremo órgano consultivo recuerda que en países de nuestro entorno, al que se ha acudido con frecuencia en la pasada legislatura para justificar leyes sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación diferenciada está excluida expresamente de la prohibición de discriminación por sexo.

Dicho de un modo llano, esa educación no implica discriminación. Así sucede en el Reino Unido, donde se sigue admitiendo y regulando las single-sex schools; en Italia, Bélgica, Portugal, Alemania, cuyo Tribunal Federal en este año ha declarado que tal enseñanza no es contraria a la igualdad de sexos reconocida en su Constitución. En Inglaterra se dice que no es obstáculo para la igualdad. No importan esos reconocimientos, ni que el proyecto de ley recoja exactamente lo declarado por la Unesco en 1960 como garantía de ese tipo de educación. Se exige una justificación intensa que demuestre cuáles son las mejoras que «excepcionalmente» se persiguen, «dada la importante alteración del modelo elegido hasta ahora». Se implantó en el 2006, con mayoría absoluta y sin consenso con el PP.

La ponente del dictamen fue la vicepresidenta del Gobierno que aprobó la ley que ahora se pretende modificar. Quizá no haya tenido elegancia democrática al asumir ese cometido, pero ha sido clara y decidida en defensa de su convicción. La pelota queda ahora en el tejado del Partido Popular. Será un test para sus convicciones.

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