Habría sido más que suficiente con que en el accidente ferroviario del día 24 hubiera muerto o resultado gravemente herida una persona para que las autoridades competentes se tomasen muy en serio la obligación de investigar las causas del siniestro con el objeto principal de evitar, en la medida de lo humanamente posible, que otro similar pudiera volver a producirse.
Pero cuando un accidente deja el saldo sobrecogedor de 78 muertos y un centenar de heridos, muchos de extrema gravedad, la averiguación de lo sucedido constituye una obligación técnica, política y moral absolutamente inexcusable. Porque nada, ni siquiera remotamente parecido, debe repetirse jamás en el futuro.
El transporte ferroviario resulta en España muy seguro. En caso contrario, nada habría que investigar. Pero es precisamente el hecho de que en nuestro país nos subamos en un tren sin ninguna clase de temor lo que convierte el esclarecimiento de todo lo que rodea a la tragedia de Santiago en una tarea que ni puede retrasarse ni despacharse de un plumazo con la vista puesta solamente en quitarse de encima el tremendo compromiso de dar una respuesta creíble y razonable a una sociedad conmocionada y llena de dolor. Se lo debemos, en primer y principalísimo lugar, a las víctimas del drama y a los miles de personas que han sufrido una pérdida humana irreparable. Y se lo debemos a todos los españoles, que han vivido la inmensa desgracia como propia.
Ahora bien, para que esa deuda pueda pagarse con celeridad, justicia y eficacia es indispensable que el clima de concordia política que hemos vivido desde la aciaga noche del descarrilamiento se mantenga. Nada sería más intolerable para quienes han sufrido los demoledores efectos del accidente directamente en sus carnes o en las de sus familiares o amigos y para la sociedad que espera ansiosa una respuesta que tener que soportar, en cuanto finalice el luto oficial, el espectáculo de las fuerzas políticas o las asociaciones que estas controlan o manejan de forma más o menos subrepticia enganchadas en una de las trifulcas bochornosas a las que, sin el más mínimo pudor, nos tienen ya infortunadamente acostumbrados.
Porque lo que nos interesa es conocer cuanto antes la verdad. Tratar de convertir el proceso para sacarla a la luz en una lucha partidista para obtener réditos electorales y políticos no constituiría solo una vergüenza que no nos merecemos. Sería además la mejor forma de que esa verdad quedase literalmente sepultada bajo un montón de basura de la que nadie, y en primer lugar los propios partidos, que necesitan el aprecio social como el agua los sedientos, obtendría beneficios. Hagamos, pues, por una vez las cosas bien. Ese, y no otro, es el legítimo interés y el sincero deseo de la inmensa mayoría de nuestra sociedad.