¿Quién podía tomarse en serio la frase «la ley es igual para todos» que el rey pronunció en su discurso de la Navidad del 2011 aludiendo, sin nombrarlo, a su yerno Iñaki Urgandarin, imputado por sus negocios con el instituto Nóos? Y la frase resultaba involuntariamente hilarante porque quien la pronunció, el rey, es una persona a quien la Constitución, en su artículo 53, califica como «no sujeta a responsabilidad». Por tanto, ante la ley hay dos tipos de personas: el rey, una «persona inviolable» -una frase poco afortunada porque se presta a una lectura cómica, que la Constitución tenía que haber evitado- y, además, no sujeta a responsabilidad y que, por tanto, no puede ser llevada a los tribunales. Y, en la otra orilla de la ley, estamos el resto de los españoles -incluidos los familiares del rey y sin excluir a don Felipe, el heredero de la Corona- que sí estamos sujetos a responder en los tribunales si nuestra conducta atenta contra la ley. Un comunicado de la Zarzuela ha calificado como una sorpresa la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos. Es comprensible que en la Zarzuela se haya vivido así esta imputación, que, al menos, tiene un efecto positivo. Ahora sí debemos creernos que todos los españoles -salvo el rey, claro, y los ciudadanos aforados- somos iguales ante la ley. Porque, en este momento, en la igualdad ante la ley nos olvidamos de los amaños judiciales y de los indultos injustos para los reos con pedigrí.