Ha provocado más polémica que miles de desahucios que pasaron desapercibidos.
A algunos de los que han comparado el escrache con la kale borroka o de los que llaman antisistema a quienes se manifiestan ante domicilios de políticos no se les había oído valorar el drama de quienes se quedan en la calle con sus hijos y con una deuda a pagar. Incluso hay quien trata de restarle dimensión al problema, argumentando que los desahuciados que quedan realmente en la calle no son cientos de miles como se afirma, sino muchos menos. Como si dejase de ser alarmante porque sean solo diez mil, cinco mil o quinientas las familias que pierden un techo bajo el que cobijarse tras haber quedado sin ingresos por perder su trabajo y por haber firmado hipotecas, en algunas ocasiones con engañosa letra pequeña.
Llevar la protesta al domicilio de parlamentarios es molesto para sus destinatarios y arriesgado, porque puede ir más allá de lo que afirman pretender sus convocantes.
La Plataforma Antidesahucios debería valorar la idoneidad de un procedimiento que puede hacerle perder parte de las simpatías ganadas a pulso por su empeño solidario a favor de un sector especialmente desprotegido.
Pero abordar el escrache como un simple problema de orden público, criminalizando a sus protagonistas, es silenciar una vez más el drama de los miles de desahucios que se están llevando a cabo amparados por una ley manifiestamente injusta. Abordar cuanto antes su modificación a fondo será la mejor garantía para garantizar la paz social y evitar que ciudadanos que en teoría están en posesión de todos sus derechos sean reducidos a la marginalidad.