En los ejercicios fiscales de 1977 y 1978, Hacienda publicó a bombo y platillo las declaraciones de la renta y del patrimonio de todos los españoles. La decisión no obedecía a un capricho del presidente del Gobierno, a la sazón Adolfo Suárez, ni de su ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez. Ambos se limitaban a cumplir la ley de reforma fiscal, cuyo artículo 48 fijaba la obligación de «dar publicidad a las bases declaradas y cuota ingresada por el IRPF y por el impuesto sobre patrimonio».
En 1978, el empresario valenciano Luis Suñer, propietario de Avidesa, era el principal contribuyente español: declaró unos ingresos anuales de 400 millones de pesetas. En enero de 1980, Suñer fue secuestrado por ETA: la banda terrorista había utilizado sus datos fiscales para colocarlo en la diana de la extorsión. A partir de entonces, la normativa fue modificada y la Ley General Tributaria estableció el carácter reservado de la información de Hacienda: solo puede ser utilizada por la Administración Tributaria para su propia gestión.
Esa opacidad legal, nacida por motivos de seguridad en una sociedad sitiada por el terrorismo, constituye ahora el pretexto de Mariano Rajoy para demorar la publicación de la lista de defraudadores reales o presuntos. No sabemos cuándo será publicada ni qué datos serán sometidos al escrutinio público. ¿La relación de las 31.000 ovejas descarriadas que se acogieron al redil de la amnistía fiscal? ¿La identidad de las 659 personas que aparecen en la lista Falciani como titulares de cuentas en Suiza, algunas de ellas indultadas solapadamente por el Gobierno Zapatero? ¿Los sospechosos habituales o únicamente los delincuentes fiscales condenados por sentencia firme?
En cualquier caso, resulta chocante que el Gobierno esgrima la coartada de las limitaciones legales para escamotearnos una información que, de ser difundida, reportará notables dividendos al erario público. Como si las leyes fueran perennes, intocables e inmutables. Argumento falaz en un país que, a toque de corneta, puede cambiar la Constitución en una tarde. Y argumento extemporáneo en una época en que, a golpe de decreto ley, se cercenan viejos derechos y libertades.
Hay algo mucho peor que suprimir el secreto fiscal: el uso fraudulento de la ley que lo ampara. Lo que hace el señor Montoro con los datos que maneja por razón de su cargo. Esa sombra de la sospecha que el ministro, a medio camino entre el perdonavidas lenguaraz y el chantajista de baja estofa, vierte sobre determinados colectivos profesionales o adversarios políticos: ¡Ah!, si yo les dijese...
Pues dígalo de una vez, señor Montoro. El destape integral de Hacienda no escandalizará a los ciudadanos, ayudará a combatir la corrupción e incluso resultará moralmente edificante. Y como beneficio social añadido, usted perderá la exclusividad del secreto de la pomada.