Que un político dimita por el hecho de estar imputado (y no decimos «mero hecho», porque estarlo, y hablamos de imputaciones con mayúsculas, es ya grave: la imputación la hace un juez, no un vecino ni un rival tramposo bajo otras siglas) es casi siempre una decisión personal. Ninguno de los dos grandes partidos del Estado han fijado esa línea roja, a pesar de los peligros que les está generando mantenerse en este juego. Basta ver la encuesta de Sondaxe: el divorcio entre la sociedad y los políticos crece cada minuto que pasa, y no solo porque estos se muestren incapaces de resolver los problemas que realmente afectan a los ciudadanos; es, también, y cada vez de manera más acusada, porque la clase política continúa en su burbuja, la única que no ha sido capaz de pinchar esta crisis. Siguen sin escuchar, sin ver y sin tomar nota. Han optado por una huida hacia adelante que ya veremos dónde acaba, pero que en este punto del trayecto se resume en declaraciones más o menos afectadas y sobreactuadas sobre la corrupción. Y punto. No hay medidas ejemplares. Nadie se va voluntariamente porque todos se sienten imprescindibles, en una especie de mesianismo inexplicable, o quizás demasiado explicable... Y así, de Barbadás a Santiago, de Ourense a Lugo, de Baltar a Coristanco, se va trazando este mapa de la Galicia del siglo XXI, de guante blanco y porvenir oscuro...