El Parlamento de Cataluña aprobó días pasados una declaración por la que se afirma que «el pueblo de Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano»; y, que a partir de dicho aserto, «tiene derecho a decidir su futura relación con el Estado español». Ante esta declaración cabe decir varias cosas. Es, sin duda alguna, una declaración unilateral de un Parlamento regional, que oficializa la posibilidad de independencia y de secesión. Ante esta tesitura hay que recordar que tal afirmación no está contemplada, ni aceptada en la Constitución española, por lo que rápidamente el Tribunal Constitucional tendría que manifestarse sin perder un minuto en retrasar un pronunciamiento taxativo. En segundo lugar, ante cualquier decisión que ponga en cuestión al Estado, han de ser todos los ciudadanos quienes se pronuncien y, no en exclusiva los de una región, comunidad autónoma o ayuntamiento. Y, en tercer lugar, debe haber una declaración inmediata del Gobierno de España para negarle la eficacia jurídica de una resolución de ruptura, con el fundamento de la legalidad constitucional.
Desde otras latitudes geográficas, como la gallega, por ejemplo, esta decisión catalana de arrogarse los derechos soberanos choca con los planteamientos de nuestra democracia, en la que la soberanía no radica en un territorio, sino en los ciudadanos.
Así las cosas, cuando confundimos los derechos de los ciudadanos, o sea del pueblo en su conjunto, con la soberanía de un espacio; y utilizamos, únicamente, una votación de un Parlamento regional, y no solicitamos opinión al conjunto de los ciudadanos del Estado, no estamos enfocando bien nuestros lazos de convivencia y, sobre todo, no estamos aplicando, con coherencia y con justicia, la lealtad constitucional entre los propios pueblos, ni entre los ciudadanos que habitan en dichos pueblos.
Finalmente, la decisión adoptada por parte de los partidos catalanes de suscribir la mencionada declaración soberanista (CiU, ERC, más la espontánea colaboración de IU) choca, a mi manera de ver y entender la cosas, con la aplicación de las normas básicas de la lealtad recíproca. Es decir, los comportamientos, las actitudes y las apuestas deben ser entre y para todos; y no solo desde las perspectivas o los intereses de unos pocos, que, a la vez, excluyen e impiden opinar al resto.
En suma, que nadie confunda la independencia con la interdependencia. Porque, a fuer de ser muy sinceros, que nadie se crea ser o convertirse en un Robinson Crusoe y poder subsistir en el papel de un héroe; porque eso, en los tiempos actuales, es imposible.