H ace un año, un porcentaje significativo de nuestra opinión pública, y en alguna medida la publicada, daba por hecho que, a pesar de las graves sospechas sobre la conducta ilícita del yerno del rey, Urdangarin no entraría en la cárcel. Hoy han mudado las circunstancias y la opinión ha dado un giro de 180 grados, redondeado por el auto del juez Castro justificando una alta fianza civil. Ha estado oportuno Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria y nuestro político más charlatán y con frecuencia original: «Una justicia que no entiende el pueblo -ha dicho- no es justicia». Parece que la instrucción del caso contiene una perla más: unas declaraciones de otro expresidente, Matas, el de Baleares, reconociendo a Évole, el Follonero, que ante la Administración pública -al menos la suya- no todos somos iguales. Palmario apoyo a la afirmación del juez Castro de que el político popular tuvo en cuenta en su dispendio la pertenencia del exdeportista a la Casa del Rey.
La opinión pública no solo es sensible a la corrupción, sino también a la injusticia de los políticos a la hora de remediar un fallo judicial con un indulto. Después del escándalo del kamikaze perdonado, hay varios casos que han llegado a la opinión pública y la han movilizado. El más notable, el de la joven mujer que adquirió pañales y comida por importe de menos de 200 euros con una tarjeta de crédito que encontró en la calle, cuya titular ha perdonado a la madre. Al menos en este caso la presión popular ha surtido efecto, porque la mujer finalmente no irá a la cárcel. La duda que queda ahora es cuántos indultos se habrán concedido con negligencia y cuántos justos han sido despreciados.