Los diputados de AGE le hicieron ayer un impagable favor a la presidenta del Parlamento de Galicia al actuar de un modo que, frente a quienes pudieran albergar aún alguna duda, justifica plenamente la oportunidad de la medida adoptada por Pilar Rojo con el legítimo objetivo de controlar el acceso a la tribuna de invitados de la Cámara.
Y es que esa Cámara tuvo que suspender de nuevo ayer su actividad como consecuencia de la presencia vociferante de personas a las que nadie había elegido para tomar la palabra en una institución en la que solo tienen derecho de expresión los diputados y quienes sean por ellos requeridos para hablar. Ayer, gracias a la actitud reventadora de los diputados de AGE, pudieron entrar en la tribuna un grupo de trabajadores de Navantia y otro de PAS de la universidad compostelana. Su derecho a protestar es evidente, como lo es que no pueden ejercerlo dentro del Parlamento de Galicia.
De no cortar en seco esa forma irresponsable y populista de actuar, que demuestra que a AGE le traen sin cuidado las normas que rigen el juego parlamentario, la voluntad de los gallegos expresada en elecciones quedaría burlada de un modo escandaloso: burlada, en primer lugar, porque la capacidad de expresarse en el Parlamento no dependería del mandato electoral sino de que algunos diputados, haciendo trampas, se la pusieran en bandeja a quienes a ellos les diera la real gana; y burlada, además, porque con ese incalificable proceder se rompería la correlación de fuerzas salida de las urnas. La oposición estaría entonces constituida por los diputados que la forman y su hinchada de apoyo en la tribuna de invitados.
Esa es la razón por la que garantizar, en aplicación del reglamento de la Cámara, el normal desarrollo de las funciones parlamentarias, constituye no tanto un derecho como una obligación indeclinable de la presidencia, pues esta dejaría de serlo si permitiera que el hemiciclo se convirtiera en una feria en donde se hiciera, como dijo Ortega un día, el payaso, el tenor o el jabalí.
El país atraviesa una situación muy delicada, lo que explica que haya muchos colectivos que se sienten maltratados, que ven con profundo pesimismo su futuro o que no encuentran amparo en parte alguna. Pero aprovecharse de su desgracia para convertirlos en peones de brega de una forma ilegal y antidemocrática de hacer oposición es la peor forma de defender sus intereses.
La oposición tiene un papel fundamental en democracia. Pero la que AGE se ha empeñado en practicar deslegitima las instituciones, hasta dejarlas destrozadas, al servicio de su proyecto antisistema. Por eso, que el BNG y el Partido Socialista acompañen a los reventadores en ese camino hacia el abismo resulta más que incomprensible: es la crónica de un suicidio anunciado.