Al final van a tener razón los catalanes cuando califican al Tribunal Constitucional como la mayor máquina de demolición de la Constitución que podían haber imaginado y deseado los que tienen por lema que «la transición ya pasó y a otra cosa mariposa». Y no digo esto porque los catalanes salgan especialmente perjudicados, sino porque tienen la doble experiencia de ver cómo un Estatuto que llegó a reinterpretar la Constitución para blindar -solo para Cataluña- un porcentaje de la inversión del Estado, quedaba bendecido por los enjuagues de Villa Redonda; y cómo ahora se hace demagogia absoluta con un tema -el del euro por receta- que, si se aplicase con el mismo rigor en todos los casos, haría inconstitucionales la práctica totalidad de las medidas anticrisis, los recortes, los rescates, las fusiones y el peaje de las viejas autopistas.
Máis aínda. El mismo tribunal que teme que el euro por receta nos haga desiguales y vulnere una competencia esencial del Estado -cosa que sería irracional, porque privaría al responsable de financiar la sanidad de los instrumentos para conseguirlo- no se va a atrever a entrarle de frente al soberanismo catalán -estoy estrenando aquí un método de crítica preventiva que voy a patentar- y va a dejar que los españoles seamos diferentes en función de nuestra capacidad para chantajear al Estado en materia de financiación y competencias, o de utilizar la amenaza de la independencia como argumento supremo del hecho diferencial. ¡Vaya paradoja!
¿Y cuál es la razón para que nuestro vigilante de la ortodoxia constitucional sea tan tarambana? -este calificativo no es solo preventivo, sino también histórico-. Pues que, teniendo un 90 % de políticos, y un 10 % de juristas, a los jueces del TC les gusta más la demagogia que comer con los dedos, y prefieren ser juzgados y condenados por la historia, la ciencia jurídica y el sentido común antes de que las masas de indignados pongan su nombre al lado del de los ministros, los diputados, los banqueros y Rouco Varela, y griten la más temida salmodia de esta crisis: «El próximo parado que sea un magistrado».
Yo no sé si el euro por receta es constitucional o no. Lo que sé es que el tribunal que estudia estas cosas es más mutable en sus criterios que la Luna y la fortuna juntas, que cree más importante darle por el palo al pueblo que defender con rigor y sentido su Constitución, y no descarta que en este país pueda ser más inconstitucional cobrar un euro por receta (como hacen en Cataluña y Madrid) que pasarse la Constitución entera por el forro de la chaqueta (como van a hacer también en Cataluña). ¿Por malos, quizá? ¿Por tontos o ignorantes? ¿Porque no son independientes? No, por nada de eso. Solo porque son muy demagogos -«París bien vale una misa»-, y un poquito cobardes.