A principios del siglo pasado, el hacendista austríaco Rudolf Goldscheid definía al presupuesto público como el esqueleto del Estado desprovisto de todas las ideologías engañosas. Y no le faltaban razones al señor Goldscheid. Porque una cosa es el discurso político del gobierno que diseña, defiende y ejecuta un presupuesto, y otra bien distinta la realidad y los intereses concretos que esconden las cifras presupuestadas. Conviene, pues, identificar y aflorar lo sustantivo, sin perderse entre las múltiples variaciones experimentadas por los distintos conceptos presupuestarios que distraen lo suyo. En este sentido, ofrecemos nuestra primera valoración sobre el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para el ejercicio 2013, aprobado recientemente por la Xunta de Galicia y entregado al Parlamento para su análisis, discusión y aprobación definitiva.
La primera observación que debemos hacer al presupuesto presentado en la página web de la Consellería de Facenda es evidente. Porque un presupuesto que oculta los ingresos y gastos financieros, cuando el déficit inicial estimado es de 492,8 millones de euros, no es realmente un presupuesto, sino un insulto al ciudadano, que debiera exigir, como mínimo, una explicación. La segunda observación es más relevante. Porque se reducen los gastos del consumo público (capítulos 1 y 2), las inversiones (capítulos 6 y 7) y el gasto destinado a servicios sociales vía transferencias corrientes (capítulo 4). Solo aumenta el gasto de la carga financiera asociada a la deuda pública (capítulos 3 y 9), así como el gasto que atiende los beneficios empresariales y los costes de la deuda privada que se derivan de los contratos de colaboración público-privada vía canon. O sea, el presupuesto es ahora instrumento básico que canaliza recursos públicos desde el contribuyente hacia los mercados financieros para reproducir la opulencia y el poder. Este es el problema principal que tenemos delante de las narices. Lo demás es distracción o confusión más o menos interesada.
El poder financiero opera hoy en un mundo globalizado y desregulado, donde crece la libre circulación de capitales y donde el paraíso fiscal -pieza clave del sistema- posibilita, a través del fraude tributario, del control político y de la instrumentalización ideológica, la acumulación de rentas y patrimonios, la desigualdad estructural y un empobrecimiento sin límites de la población. Las consecuencias sociales de todo ello no son imprevisibles. Por eso urge construir un diagnóstico con amplio respaldo social, así como estrategias políticas europeas que diseñen el camino para recuperar la dignidad perdida, la sostenibilidad ambiental y la solidaridad humana. Estamos otra vez entre la emergencia y la encrucijada.