Desde hace meses España afronta tres crisis superpuestas: la que afecta a la economía, la que desestabiliza el Estado de bienestar y la que reclama reajustes en la estructura territorial del Estado. Hasta el momento, el Gobierno afronta en solitario el triple reto sin que el partido que le sustenta y el principal de la oposición estén haciendo nada para hacerlo juntos. Más bien al contrario.
Para el primer problema, el Ejecutivo ha asumido como política la que cree más eficaz: un programa de estabilidad financiera y sostenibilidad que comporta ajustes drásticos en los gastos e inversiones públicas. Esta política, que en definitiva es la que le impone la Unión Europea y la propia Constitución, tras la reforma de su artículo 13, es puesta en entredicho permanentemente por toda la oposición y solivianta cada vez más al contribuyente.
Como consecuencia de las medidas para atajar el primer problema, el Estado de bienestar está sufriendo recortes, segunda crisis, porque España no genera recursos suficientes para financiar los servicios públicos que dispensa a los ciudadanos de forma casi gratuita. Tal y como está configurado hoy, este Estado de bienestar no es sostenible.
Y la tercera crisis se caracteriza por la constatación de que es desmesurada la organización institucional de las Administraciones públicas, que es mínima la observancia de las reglas de juego establecidas en el Título VIII de la Constitución y que Cataluña reclama soluciones a sus problemas que están fuera de la Carta Magna.
En lugar de estudiar responsablemente la orientación de esas reformas, cada grupo parlamentario mantiene posiciones divergentes y propone soluciones sin meditar las consecuencias de ellas para el Estado.
Celebradas las elecciones catalanas con el resultado conocido y ni siquiera vislumbrado por las encuestas, es hora de que Gobierno y oposición alcancen un pacto de Estado para afrontar los retos, porque el arroz en el plato es demasiado para un solo pollo.