No me cabe duda de que los bancos españoles intentan mantener la morosidad de su cartera hipotecaria lo más baja posible y que, antes de llegar a la ejecución y al desahucio, renegocian con el hipotecado los plazos y las cuotas. Me imagino que eso explica la limitada morosidad con una tasa de paro del 25 %. Pero, aun así, como los desmanes del mercado inmobiliario fueron de tal magnitud en el pasado, no es fácil parar una marea de ejecuciones que en los tres años últimos pone los pelos de punta.
Los bancos (tanto los rescatados como los otros) estarían dando máxima prioridad a su gigantesca cartera inmobiliaria y promotora en la que ya asumen pérdidas por la mitad de su valor, pérdidas que obligaron al Estado a salir garante de un memorando de rescate para la parte menos solvente de nuestros bancos por una cifra que empieza en 50.000 millones pero que no se sabe donde puede acabar. Activos inmobiliarios -no hipotecarios- que también han obligado a respaldar públicamente un banco malo cuya rentabilidad se parece a aquel cuento de la buena pipa. Si la pipa del banco malo no es buena, aquí estaremos los costaleros de la hacienda pública española.
Enfrascados en ese trasvase de riesgos privados en deudas públicas, lo que menos desearían ahora mismo nuestros bancos es acumular un mayor patrimonio de ladrillo a través de desahucios masivos. Por eso se anticiparon a las negociaciones de PP y PSOE proponiendo una congelación de dos años de los casos de extrema necesidad, propuesta que finalmente aprobó el Gobierno.
¿Qué es lo que impide que los bancos y el Gobierno -el actual y el anterior- puedan ir más lejos?, ¿por qué no se pueden paralizar durante dos años los desahucios o, menos aún, aplicar la dación en pago como norma general y de forma retroactiva?
La razón hay que buscarla en los nada menos que 426.000 millones que los bancos españoles han recibido en préstamos del exterior a cambio de la emisión de cédulas hipotecarias que tienen como garantía su cartera de préstamos hipotecarios. Un cambio normativo sobre desahucios y daciones perjudicaría a esas emisiones, según una nota que el Banco Central Europeo habría hecho llegar estos días al Banco de España. Se podría producir su desplome y el pánico por parte de sus tenedores. Y nuestros bancos tendrían un nuevo agujero en sus balances.
De ahí que la troika europea haya recordado al Gobierno que nuestro sistema financiero está intervenido por un memorando que obliga a no mover nada sin autorización previa. Y la relación entre normas hipotecarias y cédulas hipotecarias es más que obvia.
Quizás se deba a esto el que nuestros bancos buenos estén cambiando de opinión respecto a entrar como accionistas en el banco malo. Hace unos días se negaban, pero ahora, con su cartera hipotecaria en vidriosa discusión, agradecen al Gobierno que se limite a hacer caridad hipotecaria.