Dado el simplismo jurídico, político y económico con el que se está explicando el problema de los desahucios, creo que la mejor solución que cabe a corto plazo es que el Estado aborde el problema con la chequera en la mano y garantice -sin reparar en las chapuzas jurídicas que sean necesarias- que ninguna familia se va a quedar sin un hogar donde cobijarse. El dramatismo generado por las ejecuciones de sentencias, por los suicidios -el último en Baracaldo- que pueden proliferar al reclamo de su impacto mediático, y por la idea transmitida a la ciudadanía de que detrás de cada desahucio hay un robo a mano armada que perpetra un banco malvado contra un honrado trabajador, ya hacen inviable otra solución. Así que, por lo que de mí dependa, que se declaren ilegales los desahucios y se acuse de robo en grado de tentativa a todo aquel que quiera cobrar una deuda por esta vía.
Pero, una vez hecha mi contribución a la algarada jurídica en la que nos hemos embarcado, no debemos creer que las cosas son así de simples, y que el problema se frena si la sociedad asume la deuda y la paga a su manera. Porque lo primero que va a ser difícil de distinguir es el desahucio que afecta al necesitado del que afecta a los atabanados financieros, que, gracias al rebumbio organizado, también podrán permanecer en sus casas no pagadas al socaire del buenismo general. Lo segundo que hay que saber es que, frenada la ejecución de los desahucios también habrán desaparecido los recursos jurídicos que permiten hacer efectivas las medidas sustitutorias -quitas o alquileres forzados o plazos y condiciones renegociadas-. Y lo tercero que habrá que saber es que, si no se ejecutan las sentencias, los casos de impago pueden multiplicarse, que las hipotecas convertidas en basura pueden ser cientos de miles, y que todo eso habrá que proveerlo en el sistema bancario, bien sea a costa de los rescates del Estado o de las restricciones de crédito a particulares y empresas.
Pero el problema grave viene en cuarto lugar, porque si lo que fue una irresponsabilidad generalizada -del Estado, de los bancos y de los ciudadanos- en la concesión y cuantía de las actuales hipotecas, se carga ahora sobre un lado solo -el banco que dio el préstamo y quiere cobrarlo-, produciremos un radical e inevitable cambio del mercado hipotecario que, una vez reducido a sus condiciones y garantías típicas, dejarán a millones de ciudadanos sin el acceso a un medio de progreso y adquisición de vivienda que, a pesar de estos graves problemas, también generó inmensos beneficios. Por eso creo que los ciudadanos deberían ser debidamente informados de quién va a pagar la factura de tanta bondad y de cuáles pueden ser las consecuencias derivadas de esta nueva improvisación jurídica y política que estamos acometiendo. Porque es de justicia.