Al inicio de mi actividad académica, frente a una larga y mayoritaria posición doctrinal, puse el acento en la Administración pública como servidora de los intereses colectivos. Diez años más tarde la tesis fue recogida en la Constitución con un leve cambio de redacción. Esta idea, que supone colocar a las personas en el primer lugar de la acción y de las preocupaciones de los gobernantes, tiene especialmente relieve en estos momentos extraordinarios que estamos viviendo. Cuando el presidente Rajoy, al ser interpelado sobre la petición a la Unión Europea de un posible rescate, responde que tomará la decisión que sea más conveniente para los intereses generales de los españoles, no hace más que recordar lo que teórica y constitucionalmente corresponde a un gobernante. La cuestión es acertar en la práctica.
En el presente hay un dato que es imposible soslayar y que limita el terreno de juego de las decisiones. Es el del paro. Según la última encuesta de población activa el número de desempleados ha llegado a 5.778.100 superando el 25 % en un clima de recesión económica. El de EE.?UU. acaba de subir del 7,8 al 7,9 % con un ligero apunte de mejoría y un crecimiento previsto del PIB del 2 %. Pese a la distancia sideral respecto de las nuestras, esas cifras se han situado en el meollo de la campaña electoral y han puesto en dificultad la reelección de Obama, al que puede salvar la inesperada ayuda del Sandy. Entre nosotros, parece como si nos hubiéramos acostumbrado a la fatalidad de unos aumentos del paro que hace un año nos escandalizaban. Las triangulaciones tácticas de la política económica no pueden eludir el dramático y prioritario objetivo de reducirlo. Y la creación de empleo requiere que, cuanto antes, las entidades financieras estén dispuestas para suministrar el indispensable crédito y, de paso, contribuyan a paliar la desconfianza de los mercados que en parte han generado por sus irreales balances.
La situación de emergencia en la que nos encontramos reclama solidaridad. Se está imponiendo a quienes tienen un puesto de trabajo y a los ciudadanos en cuanto son consumidores y contribuyentes de impuestos y demás cargas fiscales. Podría decirse que es una exigencia de justicia para las entidades financieras. Los parámetros que han sido habituales en sus comportamientos, incluso los razonables en tiempos de normalidad, deberían ser aparcados, aunque sea a costa de menores márgenes de beneficios. Asuntos que no les son ajenos, como el de las preferentes o los desahucios por deudas hipotecarias, proporcionan un aval de esa exigencia.
La solidaridad tiene una faceta de ejemplaridad. Cuando en la sociedad se registran plausibles gestos de esa naturaleza, no sería mucho pedirlos a quienes ocupan puestos públicos, empezando por la inútil presencia de Rodríguez Zapatero en el Consejo de Estado. Bastaría el acuerdo de los partidos políticos para reducir sus retribuciones. La pérdida se compensa con el honor de servir al país.