La segunda instancia penal

Manuel Murillo Carrasco TRIBUNA

OPINIÓN

04 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que conoce en materia penal los recursos de casación contra las sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales y también las dictadas por las salas de lo penal de la Audiencia Nacional, está actualmente saturada de causas con el consiguiente retraso. La esforzada actividad de los magistrados no puede impedir que se prolongue esta situación anómala. Las causas de que esto suceda hay que atribuirlas principalmente a lo arcaico de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, a pesar de sus continuas reformas. El artículo 849.2 -error en la apreciación de la prueba derivada de documento auténtico- obliga a actuar como una casación ampliada, al tener que resolver cuestiones más bien propias de un recurso de apelación que no existe en nuestra ley para las penas graves. Se da la paradoja de que sí existe recurso de apelación contra las penas no superiores a cinco años.

El Tribunal Supremo, por su historia y por su función constitucional, ha de servir a la justicia en orden a la unificación de criterios legales, doctrina uniformadora y de perspectiva pública. Es decir, crear doctrina.

Desde el año 2000 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas viene condenando a España por violación del artículo 14.5 del convenio sobre derechos humanos, políticos y civiles del pacto de Nueva York, por no existir en nuestra legislación penal la posibilidad de recurso de apelación contra las sentencias por delitos superiores a cinco años o contra las dictadas por la Audiencia Nacional. En el mismo sentido se pronuncia el protocolo número 7 del Comité Europeo de Derechos Humanos.