Repasemos. El 1 de enero los peajes de la AP-9 subieron un 3,29 %. El 29 de julio, la ministra de Fomento, Ana Pastor, dio otra alegría recaudatoria a Audasa y a otras concesionarias haciendo efectivo un nuevo incremento del 7,5 %, porque, según argumentó, las arcas del Estado ya no podían seguir sufragando la subvención que el Ejecutivo de Aznar había adoptado en el 2000 para minorar el cambio de IVA decretado por Bruselas en las tarifas de los viales de pago. Y el pasado 1 de julio el estirón que en el mismo impuesto propició Rajoy, hizo que otro 3 % se sumase al coste de utilizar la vía gestionada por Audasa.
Si nadie lo remedia, el IPC, que ya se sitúa por encima de los tres puntos, volverá a darnos otro disgusto en los peajes la noche que despunte el nuevo año.
Y mientras la evolución de los precios de la autopista lleva un camino totalmente opuesto a la realidad económica del país, ahora sabemos que todos los beneficios de Audasa se reparten entre los propietarios de la empresa que gestiona la columna vertebral de Galicia, por graciosa concesión hasta el 18 de agosto del 2048.
Esa alta rentabilidad encaja penosamente con la cláusula legal a la que la concesionaria se aferra cada vez que la sociedad civil y política le reclama mejoras en el vial. La máxima del equilibrio financiero, por la que cualquier cambio en el contrato tiene que ser compensado económicamente, blinda a Audasa frente a la sociedad gallega por mucho que se anuncien ampliaciones de la autopista en Rande o Santiago, o el Congreso exija que se implanten descuentos para los usuarios frecuentes, como hace Itínere y las demás concesionarias en el resto del Estado.
La AP-9, que ciertamente nunca llegó a ser «a navallada á nosa terra» como la izquierda patria pronosticaba en los años setenta, se ha convertido en cambio en una «navallada» al bolsillo de los gallegos para engordar los de los empresarios que la gestionan.