Empieza el rondó electoral. Unos que vienen, otros que se van. Fotos con los propios. Imagen de estadistas europeos. Correrías por el Atlántico. Apenas ritos y cortejos para alcanzar el poder. Poder que una vez alcanzado se asienta en la defensa de las competencias propias de las instituciones que se gobiernan. Cobra fuerza por ello la insumisión ante la supresión de la paga extra navideña a los empleados públicos de cualquier pelaje y condición. Insumisión que evidencia que el Gobierno de España carece de legitimidad y competencia para imponer una normativa general en todas las Administraciones y empresas públicas en relación con los salarios. Por lo que, anuncios aparte del ministro Montoro y su secretario de Estado Beteta -el del cafelito funcionarial-, se descubre en primer lugar que su decreto no alcanza para eliminar la paga de Navidad, u otra rebaja salarial, a los alcaldes, concejales y diputados provinciales. Problemas de la autonomía municipal.
Tampoco parece claro que tales recortes puedan ser aplicados en las Administraciones autonómicas, puesto que -capacidad coercitiva del Gobierno de España aparte-, gozan también de amplia autonomía en sus decisiones. Sentencias firmes hay sobre decisiones salariales unilaterales del Gobierno que pueden no alcanzar a sus empresas públicas. Pareciera también que las universidades, con autonomía ejercida en algunas para prejubilaciones anticipadas de variado pelaje y regalía, puestas en entredicho por el Tribunal de Cuentas, pudieran ejercerla en temas de recorte salarial, obviándolos o adaptándolos. En ese desmadre legal, cerrado el Gobierno popular a cualquier negociación, la guerra de los salarios públicos se ha desatado entre Administraciones y políticos.
Tal guerra no es solo electoral, que también, sino que esconde parches y desajustes en la función pública española que sucesivos Gobiernos han sido incapaces de abordar. Porque no es solo la desigualdad que existe en salarios y condiciones laborales para empleados públicos de iguales o similares funciones entre distintas Administraciones. Sino que en época de catástrofe económica como la actual, lo que pretenden vender como sacrificios necesarios para la recuperación del país se aplican de forma desigual y arbitraria, alterando la percepción de inevitable y su mansa aceptación. Acudiendo, Gobiernos y poderes, para eludir su aplicación a una creatividad política y administrativa que acredita que quien hace la ley hace la trampa, con independencia de comunidad, provincia o ayuntamiento, y entidad pública liberada del gobierno popular. Incapaces de acordar y legislar para todos, salen por peteneras, argumentando que el desaguisado navideño será tan solo por un año. Don Antonio Beteta ha dicho.