Cuando todos los meses nos entregan el esotérico recibo de la luz, con su importe total, su impuesto eléctrico y su IVA, con su potencia contratada, su consumo energético y su alquiler de equipo, se acumula la confusión y el cabreo. La potencia instalada se expresa en un pago fijo mensual, al margen del consumo realizado, sin garantías suficientes para verificar el cumplimiento del contrato. El concepto energía consumida se fija mediante un parque de contadores envejecidos o por estimación, al que se aplica un precio que establece el Gobierno. El alquiler de los equipos se paga sin que los contadores se renueven. También chirría la doble imposición del impuesto especial y del IVA, así como las subvenciones estatales que reciben las empresas desde 1997 para atender los singulares costes de transición a la competencia. Los expertos estiman que todo ello genera beneficios empresariales superiores al famoso déficit tarifario que sirve de excusa y justifica las reformas actuales, y que dan como resultado esa subida de precio que pone en peligro, por ejemplo, la permanencia de Alcoa en Galicia.
Las reformas afectan a la fiscalidad, a la regulación y a las subvenciones que reciben las empresas. Aparecen así siete nuevos impuestos que formalmente gravan la producción, pero que en gran parte se trasladarán a los consumidores finales. Esta traslación adicional exige poder de mercado y alteraciones en la tarifa de último recurso (TUR) que afecta en la actualidad a más de 20 millones de usuarios. En este sentido, el Gobierno promete reducir a la mitad (5 kilovatios) el límite de la potencia contratada a partir del cual los usuarios deberán negociar el suministro eléctrico en el libre mercado. Finalmente, el Gobierno también considera la subvención destinada a atender la carga financiera de las empresas (intereses y amortizaciones), que en la actualidad supera los 2.000 millones de euros.
En definitiva, la eliminación del déficit tarifario en el 2013 exige que nuestro ínclito ministro de Industria ocupe la escena haciendo encaje de bolillos. El señor Soria dice que todos lo impuestos recaerán sobre las empresas, ya que estas se benefician de la ampliación del mercado no regulado y de las subvenciones. Pero él sabe que la realidad es distinta. Los usuarios pagarán otra vez estos impuestos, protegiendo así los beneficios empresariales. Endesa, Iberdrola, Gas Natural, etcétera, abonarán el impuesto a la Hacienda pública, pero nosotros se lo compensamos después pagando un precio de la energía más elevado. Por otro lado, las empresas operarán en mercados más desregulados y recibirán subvenciones múltiples. Y es así como el señor Soria podrá asesorar en su día a estas empresas, como ya lo hicieron la señora Salgado, el señor Aznar o el señor González. El enigmático recibo de la luz ofrece, como vemos, múltiples sorpresas.