Es una evidencia que el actual Gobierno está aplicando unas medidas económicas que no fueron refrendadas en su programa electoral, programa por el que legítimamente fue llevado a la Moncloa. Esta afirmación es igualmente cierta para la última etapa del anterior Gobierno. De hecho, unos y otros habrían dado impulso a una reforma constitucional, impuesta por el Consejo Europeo como un tratado multilateral, que define una férrea disciplina presupuestaria. Reforma que se aprobó en el Congreso, pero para la que se obvió cualquier consulta popular.
De manera que estamos asistiendo a decisiones de unos Gobiernos y partidos (antes unos y ahora otros) que modificaron, y modificarán, literalmente la Constitución o el acceso a derechos básicos plasmados en la misma (protección social, trabajo digno, asistencia sanitaria, etcétera) sin que hayan sido elegidos para hacerlo y sin que el cuerpo electoral haya podido respaldar o discrepar de las mismas.
Comparto con los sindicatos que no es bueno que el descontento o la disidencia social se plasme solo en huelgas o manifestaciones. Y, por eso, cuando trasladaron al rey la necesidad de una consulta popular sobre los recortes y las políticas económicas de los últimos Gobiernos, entiendo que es para paliar el no pequeño déficit democrático en que nos fuimos deslizando desde el inicio de la crisis.
No es ajeno a todo esto el que en el último barómetro del CIS la población española considere como principales problemas del país el paro, la situación económica y los partidos políticos. Como se ve, una mezcla que en sí misma reclama la consulta popular directa que se demanda. Pero hay más razones.
Según el mismo barómetro del mes de diciembre pasado, la sociedad española considera como máximos responsables de la actual situación: en primer lugar a los bancos (61 %), en segundo lugar al Gobierno y al Banco de España (39 %) y en tercer lugar a la Unión Europea (30 %). Justo los agentes que cocinan y guisan tanto la crisis como sus tratamientos.
Y lo hacen al margen de las preferencias sociales. Porque, en ese mismo barómetro del CIS, cuando se medía la preferencia por esa política que se viene aplicando sin legitimidad alguna (planteada como: reducir el déficit y la deuda pública, aunque esto pueda generar más desempleo) frente a alguna otra política alternativa (planteada como invertir en obras públicas y servicios sociales, aunque haya que aumentar los impuestos), los resultados eran de un 23 % para la primera y de un 52 % para la segunda (no saben o no contestan el 24 %).
Así las cosas, si se quiere evitar un galopante proceso de desafección institucional por parte de los ciudadanos (con los riesgos que eso implica dada la ausencia de una emergente Syriza española) ante una más que discutible política ejecutiva, importada y disfrazada de tecnocracia, creo que debiera convocarse tal referendo. Porque los dos partidos de Gobierno en España están hoy bajo sospecha de haber sido abducidos por el catecismo social de muy poderosos lobbies financieros propios y ajenos.