H e seguido con interés la intervención, ayer, san Benito de Lérez, del presidente del Gobierno sobre «la verdad» de España.
He llegado a entender, a pesar de tantas falsedades, la gravedad de la situación en la que vivimos. También que gran parte de nuestros males derivan de una crisis financiera y bancaria en un sistema donde políticos y autoridades reguladoras de todo tipo y pelaje consintieron en el expolio de España. Donde lo que era deuda privada sobre la burbuja inmobiliaria se ha convertido en deuda pública. Donde los beneficios inauditos de bancos, empresarios y ciudadanos privados, se convirtieron en el agujero negro del mal de España.
Lamentablemente, en su verdad, la del presidente del Gobierno, no he podido reconocer ningún análisis sobre estos hechos, ni sobre sus remedios, ni sobre las consecuencias para los autores de los desmanes. Porque no me consuela que, antes del discurso de la verdad, los populares acepten comparecencias en el Parlamento y no pidan que actúe el fiscal general. Del sistema judicial temo que ni les alcance, ni aun alcanzándoles tenga capacidad para corregir y penalizar los desafueros.
Con esta tacha en su verdad interpretada por el presidente y su Gobierno popular, sí entiendo el incremento del IVA, un impuesto al consumo de sutil y amplio escaqueo, pero que no llega al perpetrado en algunos rendimientos del trabajo, ni en el de capitales, aun con dulcificadas medidas sin pena para aflorar tal fraude fiscal.
Entiendo la -una vez más- anunciada racionalización de la función pública, escandalosamente aplazada por Gobiernos y ministerios sucesivos, y también la de la Administración y la política municipal. Aunque me resulte inexplicable el sostén y refuerzo de las diputaciones como alternativa al adelgazamiento de los ayuntamientos. Querencias de juventud pueden explicarlo.
En mi debilidad también entiendo que, habiendo renunciado a resolver los otros males, acuda a recortar salarios y condiciones laborales de los funcionarios. Pero desagradan dos cuestiones: el ensañamiento y la falsedad con que lo hacen. Con la torpe complacencia de asociaciones y sindicatos de la función pública y la cara tropelía de pescar en fondos públicos que supone la privatización de la gestión, desde las autopistas a la educación, la sanidad o las basuras, para lo que es imprescindible enfatizar el desprestigio de lo público.
Uno, funcionario solidario de cuarenta horas semanales desde hace cuarenta años, entiende incluso que le quiten la paga de Navidad, ¡oh Dickens! Pero intolerable le resulta que prometan compensarla con suscribirle un fondo de pensiones en el 2015, con fantasmas de bancos y finanzas. ¡No dan por el aviso! Insistamos.