El Gobierno mide cada decisión que toma en la cantidad de dinero que ahorra. Nunca menciona el coste en número de parados, derechos que lamina o esperanzas que se frustran. El dinero, que nació como medio de valor e intercambio, ha acabado sustituyendo a la persona como fin último y medida de todas las cosas. Lo advertía hace tiempo Martha Nussbaum, premio Príncipe de Asturias: «Sedientos de dinero, los Estados nacionales y sus sistemas de educación [...] producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias en lugar de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos». La educación reducida a instrumento para el desarrollo económico está degradando al ser humano a mera herramienta de producir beneficios. Todo se mide en términos de rentabilidad y en su nombre se sacrifica la dignidad humana.
Ahora lloramos, pero durante años hemos adorado el becerro de oro, nos hemos dejado cegar por el brillo de la purpurina y hemos idolatrado a trepas y nuevos ricos. La vara de medir no han sido ni el esfuerzo ni la capacidad de mejorar como personas, sino el crecimiento rápido, ya sea de la cuenta corriente o en la escala social. Ahora disparamos contra los especuladores, pero solo hacen lo que llevan haciendo toda la vida: exprimir la lógica, asumida por todos, de la maximización del beneficio. Y, de paso, se han apoderado del universo.
Los Gobiernos claudican ante su poder, al que han contribuido decisivamente durante años de desregulación. Esos Gobiernos que permitieron que unos pocos se apropiaran del grueso de la riqueza generada entre todos y eludieran posteriormente su contribución al fisco, que era una manera de devolver parte de lo que entre todos les habíamos dado. Esos Gobiernos que, temerosos de la pérdida de legitimidad ante la creciente desigualdad social de los últimos decenios, recurrieron al endeudamiento público como vía fácil de satisfacer las demandas populares y asegurar así su sometimiento. Y esos mismos Gobiernos que los hicieron ricos se humillan ahora ante los especuladores e intentan hacernos pagar a todos el coste de sus errores y fracasos.
Pero la política no puede eludir ni traspasar responsabilidades, porque suya es la obligación de hacer que las prácticas sociales se orienten hacia el bien común. Es una exigencia esencial en democracia. Y en democracia, valen las personas, cada persona, no lo que tienen. Conviene no olvidarlo y es necesario defenderlo, porque, como escribía Nussbaum, «sería catastrófico convertirse en una nación de gente técnicamente competente que haya perdido la habilidad de pensar críticamente».