Urdangarin, ley y opinión pública

Fernando Ónega
Fernando Ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

No tengo ni idea de cómo terminarán las andanzas judiciales de Urdangarin y su socio Torres. Solo digo una cosa: los medios que han publicado el ofrecimiento de un pacto a la Fiscalía para reconocer su culpa, devolver el dinero, librarse de juicio y eludir la cárcel no han inventado la noticia. Quizá no se haya producido en los términos difundidos, quizá solo haya sido una exploración de posibilidades o haya sido solo un sondeo de abogados, pero hubo contactos.

Ese tipo de pactos en busca de sentencia de conformidad son legales, están regulados y se hicieron en muchos y sonoros casos. En el caso Gürtel en Valencia, algunos de los implicados se acogieron a esa vía. No lo hizo el señor Camps, que debía estar muy seguro del veredicto del jurado popular, prefirió el juicio y le salió bien. A nadie debiera sorprender, por tanto, que el yerno del rey explore esa posibilidad. Es duro reconocer la culpa y devolver el dinero; pero es peor que te condenen por robar, que te hagan devolver el dinero y, encima, te envíen a la trena.

Digo algo más a favor de la solución de conformidad: si es algo previsto en el ordenamiento y se cumplen los requisitos, no debiera negársele a nadie. Si la ley es igual para todos, lo es en sus castigos, pero también en sus posibilidades y beneficios. Tan injusto sería que Urdangarin usara su influencia para escabullirse de la Justicia como que su circunstancia conyugal le prive de un trato presuntamente más favorable.

Supongo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Cuáles son los problemas? Veo básicamente tres:

Primero: que el señor Urdangarin dijo que comparecía ante el juez a defender su inocencia y su honor. Sería extraño que a las pocas semanas de tan solemne proclamación confesara él mismo que no es tan inocente ni tan honorable.

Segundo: el señor Torres anda diciendo por ahí que tiene correos electrónicos que implican al rey. Eso le presta a la sentencia de conformidad tal aroma de chantaje y de dudas sobre el papel real, que la hace inviable: no podemos quedarnos con la duda de que su majestad ha colaborado en las impresentables andanzas de su yerno.

Y tercero: una cosa es la acción de la Justicia y otra la impresión de la opinión pública. En cuestiones de tanto alcance, de poco sirve que la Justicia se acomode a derecho, si los ciudadanos creen que estamos ante un apaño o un cambalache. La Corona se sostiene sobre la opinión pública, y esa impresión popular sería más negativa para el crédito de la monarquía que una condena rigurosa, aunque sea de prisión. Con lo cual, se siente por Urdangarin, pero su vínculo familiar le impone una pena añadida: pagar con lo peor de la ley. Así lo demanda la sociedad, qué le vamos a hacer.