U n medio de comunicación se hacía eco estos días de un documento publicado en junio del 2011 por el Centro de Investigación en Economía de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra, relativo al copago en las prestaciones de la ley de la dependencia. El titular, «Detectan graves inequidades en el copago de la dependencia», me lleva a reflexionar sobre el significado del término inequidad, los agravios comparativos y la organización autonómica que los españoles nos dimos en la Constitución de 1978.
No sé por qué nos extraña que haya diferencias en esta materia (y en otras muchas), algunas de calado, entre las diferentes comunidades autónomas. ¿No es esa, precisamente, la esencia del autogobierno? Porque, si lo que queremos es que haya uniformidad en todo el territorio español, ¿para qué queremos las comunidades autónomas? ¿O es que nos hemos caído del guindo justo ahora?
Calificar de inequidad o agravio comparativo lo que es resultado de la capacidad de autogobierno no es correcto. Nos obliga, en todo caso, a repensar si realmente queremos 17 sistemas educativos, 17 sistemas sanitarios y 21 sistemas de dependencia (sí, han leído bien, veintiuno: Álava, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Guipúzcoa, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja y Vizcaya).