S i Garzón está desolado por su condena a 11 años de inhabilitación, que no hubiese ordenado interceptar las comunicaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el caso Gürtel y sus abogados. Como jurista me resultó un insulto a esa Justicia en cuyo nombre decía actuar. Y por favor, que su cohorte de admiradores no nos salga con conspiraciones contra el ya exmagistrado. Más de cuarto siglo vistiendo la toga de letrado me bastan para poder afirmar, con absoluta contundencia, que cuando una sentencia del Tribunal Supremo se aprueba por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron al desde hoy licenciado en Derecho Baltasar Garzón, es porque la cosa estaba más que clara.
Actuó como era habitual en él. Con prepotencia, afán de notoriedad, y en este caso restringiendo el derecho de defensa de los imputados en prisión, «sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable». Para que un Estado de derecho no se convierta en bananero, hay que cuidar las formas, y que no cunda el «todo vale» con tal de que las instrucciones prosperen. El fin nunca debe justificar los medios. Para quien no esté al día en temas de Justicia, lo que hizo el exmagistrado fue cargarse el principio de la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución. En contra de lo que muchos piensan, hoy la Justicia española nos ha dado dos lecciones. La primera, que frente a ella nadie debe estar por encima del bien y del mal. Y la segunda, que cuando el cántaro visita mucho la fuente, al final se rompe.