H agamos un sencillo ejercicio de lógica. El currante Manoliño lleva meses sin cobrar. Su empresa tiene impagos de las Administraciones por obras acabadas y entregadas. Como la Administración no paga, la empresa al borde de la quiebra, no paga a Manoliño. Como Manoliño no cobra, no puede hacer frente a la hipoteca de su piso. No paga los plazos y el juzgado decreta el desahucio. Ya tenemos a Manoliño, por obra y gracia, bajo un puente, con su esposa y dos hijos pequeños.
Y uno se pregunta, ¿qué culpa tiene el currante Manoliño, si es el último eslabón de la cadena, de que la Administración sea morosa? ¿Alguien se ha parado a pensar en que de esos 14.000 millones que adeudan solo las Administraciones autonómicas van incluidos decenas de miles de manoliños?
Si fuese cierto que todos somos iguales ante la ley, en vez de decretar el desahucio del currante Manoliño, la justicia cargaría contra el que desde un gran despacho decidió realizar una obra innecesaria con cargo a una partida ya agotada y a sabiendas de que no podía pagarse. Pero ahora que se les advierte que se puede acabar la fiesta, se ponen como basiliscos, apelan a la libertad de acción y a derechos que, por lo visto, les asisten a ellos y no a los demás. Que se les investigue y se les juzgue. A ver si hay tribunal que aguante los premios de fórmula 1, los aeropuertos sin vuelo y los gaiases inservibles. A ver.