C uando Rajoy lanza sus políticas públicas iniciales, podría no haber sorpresas. Algunos mencionan su preocupación por las rentas del trabajo, así como su especial simpatía por los trabajadores del sector público. En este sentido, don Mariano suele expresar una sólida confianza en los trabajadores y en los ejércitos de reserva, para hacer recaer sobre sus anchas espaldas los sacrificios más duros que la coyuntura exige. Por eso congela el salario mínimo interprofesional, incrementa el IRPF (que en la práctica ya solo atiende y grava rentas del trabajo), aumenta el IBI de forma aleatoria por sus valoraciones catastrales, aplaza los servicios sociales vinculados a la dependencia y da otra vuelta de tuerca al poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Pero tampoco se olvida de los jubilados. A ellos les reduce la renta a través de un circuito mágico: aumento de la pensión del 1 %, reducción posterior de la misma pensión vía IRPF, remate de la faena a través de la inflación que viene. O sea, la desigualdad y la centralización de los ajustes por los déficits excesivos, unida a la resignación cristiana, actuarán como función legitimadora que se alimenta y fortalece mediante la confianza en el Señor.
Por eso el Partido Popular introduce riesgos elevados cuando explicita el axioma que soporta estas medidas singulares. «Zapatero nos engañó otra vez -dicen los portavoces económicos- porque el déficit presupuestario no es el 6 % sino el 8 % del PIB. Esta circunstancia nos obliga a subir los impuestos». Pues bien, ¿qué pasaría si al liquidar los presupuestos de las distintas Administraciones no se verificase ese déficit adicional o, de ser cierto el mismo, lo protagonizaran básicamente las comunidades autónomas?
La situación sería desoladora. En el primer caso, porque la subida impositiva estaría fundamentada en la mentira y en el engaño electoral. En el segundo caso, porque los déficits de las comunidades autónomas deben corregirse por los Gobiernos respectivos, soportando los ciudadanos de cada comunidad los costes que correspondan. O, dicho en otros términos, si el déficit excesivo existe pero se concentra en las comunidades autónomas, estas deben ser las responsables de su corrección.
Pero eso no fue lo aprobado en el Consejo de Ministros. Sin precisar el origen del déficit adicional, pero asumiendo su cuantía, lo que allí se decidió fue que los ajustes para su corrección recayeran solo sobre la Administración del Estado y en gran medida sobre el conjunto de los asalariados. Estamos, pues, ante una decisión difícil de aceptar. ¿Rezará don Mariano para que el déficit excesivo sea verdadero y además se concentre en la Administración del Estado? Me temo que no. Y quedarían por ajustar 20.000 millones de euros.