Un año más se están celebrando los concursos de méritos para seleccionar directores de centros docentes no universitarios. En el caso de que haya candidatos voluntarios, se constituye una comisión que valora sus proyectos y méritos. Excepto el presidente, que es nombrado por la Administración, el resto de los miembros de esta comisión pertenecen a la comunidad educativa del propio centro escolar. Si resulta elegido un aspirante, este será nombrado por un período de cuatro años, prorrogables siempre que la evaluación de su trabajo sea positiva. El problema surge cuando no hay voluntarios para este cargo o cuando la referida comisión no selecciona a ningún candidato, en cuyo caso la Administración nombra (obliga) a un funcionario docente por dos años. Casi un 50% de los centros se encuentran en esta circunstancia; es decir, tienen un director impuesto. En alguna comunidad autónoma, como el País Vasco, Cataluña, Baleares o Navarra, este porcentaje es incluso superior, llegando al 75%. Con las importantes funciones, tanto pedagógicas como administrativas o económicas, que tiene hoy el responsable de una institución educativa, no debería mantenerse este modelo, muy negativo para su buen funcionamiento y al que no se encontró solución en los más de treinta años que llevamos de democracia. ¿Por qué no hay más voluntarios para este cargo? Las compensaciones no son motivadoras pero, sobre todo, el director no puede ejercer la autoridad que le corresponde. En nuestro país sigue imperando la mentalidad del «directivo-compañero», el cual, o lo es realmente porque accedió al cargo sin querer, o si está voluntariamente en este, sabe que no es vitalicio y tendrá que volver a su puesto de origen. Como además, en el ámbito educativo, ha sido seleccionado por una comisión con gran mayoría de su propio centro, va a resultarle muy difícil mantener la independencia. Por ello, en la casi totalidad de los países europeos, la duración del mandato del director es indefinida. Solamente Grecia, Portugal y España la tienen temporal. En la década de los sesenta del pasado siglo, ya hubo aquí un cuerpo de directores de enseñanza primaria, cuyas virtudes quedaron eclipsadas por las características de la etapa histórica que les tocó vivir. Hoy es absolutamente necesario profesionalizar, de una vez por todas, la dirección de los centros docentes, lo cual no tiene por qué ir en detrimento de la participación de la comunidad educativa en su gobierno; al contrario, habría mayor garantía de autoridad e independencia. En los primeros borradores del naciente pacto nacional por la educación, no figura esta iniciativa, que sí ha propuesto el PP y diversos colectivos. Su aprobación supondría la correspondiente modificación de la vigente Ley Orgánica de Educación. ¿Se hará realidad esta crucial demanda?