Galicia tiene competencias plenas en Educación. Ahora bien, de acuerdo con nuestra Constitución, el Estado se reserva las atribuciones que, esencialmente, han de vertebrar el sistema educativo en el territorio español. Los principios de unidad y autonomía son compatibles. No podemos tener más que una estructura y unas enseñanzas comunes que garanticen, además, la movilidad de los alumnos entre cualquier comunidad autónoma. Pero esto es cada día más difícil, y no ya en exclusiva por razones lingüísticas, sino porque los programas y, como consecuencia, los libros de texto, se van haciendo cada vez más diferentes. Los conocimientos mínimos y comunes establecidos para todo el Estado son demasiado amplios y ambiguos, y propician que las autonomías, especialmente en el campo de las humanidades, desarrollen enseñanzas muy dispares. E incompletas, porque pueden centrarse en ámbitos geográficos o históricos limitados, y con ello dar una visión parcial de la realidad. A un alumno que cambie de comunidad podría servirle de muy poco lo que haya estudiado con anterioridad. Desde la llegada de la democracia, se han aprobado en España siete leyes orgánicas reguladoras de las enseñanzas no universitarias. Hoy quedan en vigor tres. Seguimos asistiendo a una permanente «reforma de la reforma». Gran cantidad de normas menores derogan las anteriores. Se cambian las denominaciones de lo mismo, los programas, los libros de texto, los horarios, etcétera. De esta forma, los profesionales de la Educación y de su Administración están constantemente estudiando las novedades y los cambios, sin apenas tiempo para centrarse en lo esencial: enseñar o intentar mejorar el sistema educativo. Por el camino que vamos, para muchos docentes lo extraordinario va a ser dar clase. Además, todo ello supone un considerable derroche de gasto público y privado. Pero el mayor perjuicio es para los alumnos, que van pasando de una reforma a otra, con graves deficiencias en su base formativa, luego imposibles de subsanar. Estas cuestiones deberían centrar los debates del ámbito educativo en unas elecciones generales. Considero muy positiva, en este sentido, la propuesta de una estrategia nacional para la mejora de la Educación, que el PP incluye en su programa electoral. En un acuerdo como este, que debería llevarse a cabo con independencia de los resultados de estos comicios, tendrían que participar todos los estamentos interesados. El bien de nuestra enseñanza ha de anteponerse a los intereses de partidos políticos o agentes sociales. Cediendo un poco cada parte, se podría llegar a un compromiso común que garantizase estabilidad al sistema y abordase, de una vez por todas, los problemas de fondo que tiene nuestra educación. Aunque no lo parezca, son más las coincidencias que las divergencias. Tanto los padres como los profesores quieren que sus hijos/alumnos adquieran una buena formación y saben perfectamente que esta no se va a conseguir por «ciencia infusa», sino con esfuerzo y responsabilidad. Su autoridad y su mutuo apoyo son imprescindibles para alcanzar ese objetivo. En lo demás no tiene por qué resultar difícil el ponerse de acuerdo.