Telefónica

LOIS BLANCO

OPINIÓN

LA COMISARIA europea de la Competencia, la holandesa Neelie Kroes, comunicó ayer una sanción a Telefónica de 152 millones de euros por abuso de posición dominante en banda ancha entre el 2001 y diciembre del 2006. Durante ese período, Telefónica les aplicó a las compañías que pretendían competir en el mercado español de Internet a alta velocidad unos precios tan inflados por el alquiler de las redes que incurrían en pérdidas. Las consecuencias de ese lustro negro de oligopolio fueron: la banda ancha es un 20% más cara que en Europa, y su penetración, un 20% menor (en Galicia, La Mancha o Extremadura los porcentajes son casi africanos). El golpe de viento liberalizador que llegó ayer de Europa sacude por igual al PP (gobernaba entre el 2001 y el 2004) y al PSOE (entre el 2004 y el 2006). Ambos partidos colocaron sucesivamente a sus enchufados en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la cual miró durante seis años para otro lado tal cual Telefónica operase en Australia, y a pesar de existir una denuncia desde el 2001. La sanción de la señora Kroes merecía un anexo para que los miembros de la CMT devolvieran su sueldo. Su dejación ha supuesto que millones de hogares españoles fueran sometidos a la extorsión durante seis años. Ahora bien, en los programas electorales de marzo, los dos partidos se desgañitarán de nuevo con promesas y subvenciones para el acceso a la banda ancha. Los recursos judiciales harán que la multa se pierda varios meses o años en los cajones del Tribunal de Luxemburgo. Y, aunque resulte contradictorio, lo que cabe desear es que la sanción se rebaje hasta una cifra simbólica o que no se ejecute jamás. Porque el pago del castigo no se va a detraer de los salarios de los directivos, sino de las facturas de los clientes; de la mía y de la suya.