EN unos pocos meses, previsiblemente, se reformará el Código Penal en el capítulo que contempla los delitos contra la seguridad del tráfico, tipificando modalidades nuevas y elevando las cuantías de las penas. Para la viabilidad de esta reforma, junto a la pretensión institucional, no ha faltado la presión de asociaciones que concitan a familiares de víctimas de accidentes de tráfico, acrecentada en los años últimos. Cabe preguntarse si era realmente necesario aumentar el catálogo de delitos y la dureza de las sanciones penales en este ámbito del tráfico. ¿No basta con un severo procedimiento administrativo sancionador para las contravenciones, como el que se halla ahora mismo vigente? Su aplicación permite la suspensión por meses de un permiso de conducción, su revocación, la aplicación del sistema de pérdida de puntos, la inmovilización de un automóvil in situ, el cierre de escuelas de conductores y de centros médicos para el reconocimiento de sus aptitudes y la imposición de multas de hasta 1.500 euros. ¿No estarán los problemas en su lentitud, en sus dilaciones, en el exceso de alternativas de defensa para el infractor, más allá del respeto -indefectible- a sus derechos? Ocurre que entre la formalización de denuncias y su ejecución pueden transcurrir meses, y hasta años. Por eso, a falta de inmediatez en el cumplimiento del castigo, la fuerza ejemplarizante de la sanción se diluye en el tiempo y su sentido de reprimenda social desaparece. Quiere decirse que el procedimiento administrativo sancionador que decimos está falto de radicalidad, y tal vez por eso llama en su auxilio al rigor penal. En este trance, conviene recordar que no van a desaparecer ni las difíciles distinciones entre el delito y la infracción puramente administrativa, ni las dificultades para establecer los límites entre el dolo directo y el eventual, entra la culpa consciente y la inconsciente. Es de temer que nuestros jueces no han de sentirse felices ante la anunciada reforma, que añade trabajo nada fácil a sus tradicionales agobios en la administración de justicia.